El Presidente de la República, José Antonio Kast, recién asumido el cargo ayer por la noche, dio inicio al «Gobierno de Emergencia», anunciando un paquete de seis decretos de carácter urgente diseñados para ser aplicados sin esperar su publicación en el Diario Oficial. El plan aborda áreas críticas como la seguridad fronteriza, la probidad en el aparato estatal, la reactivación económica y la reconstrucción de viviendas.
La primera medida establece el cierre de los sectores más vulnerables de la frontera con Bolivia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Para ello, se ha ordenado un incremento inmediato de medios militares en puntos críticos, el uso de drones y sensores optrónicos de vigilancia, y el fortalecimiento de las comunicaciones en toda la zona norte.
Para liderar estas acciones, el Ejecutivo nombró a Alberto Soto como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte. Soto tendrá facultades para coordinar de manera intersectorial a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, con el objetivo de perseguir delitos transnacionales y articular los servicios fiscalizadores contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Una tercera medida, en el ámbito administrativo, es la que instruye una auditoría general a todos los ministerios e instituciones del Estado. Bajo la supervisión directa del Presidente y la coordinación de Hacienda y Segpres, esta medida busca detectar irregularidades de manera inmediata. Se establecerá una fuerza de tarea liderada por subsecretarios para garantizar estándares de probidad y denunciar cualquier anomalía bajo una lógica de «gestión de emergencia».
Con el fin de reactivar la inversión, el mandatario firmó un instructivo para destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se trata de proyectos que suman US$16.000 millones y que enfrentan retrasos administrativos. Los nuevos plazos obligan a resolver recursos vencidos en un máximo de 90 días corridos y nuevos recursos ante el Comité de Ministros en 60 días hábiles.
Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tendrá la tarea de acelerar la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La medida busca desburocratizar los subsidios y centralizar la gestión para aumentar la velocidad de respuesta. El Minvu deberá presentar informes trimestrales de avance directamente a la Presidencia.
Finalmente, el Presidente encargó al Ejército de Chile la implementación del Plan Escudo Fronterizo en un plazo de 90 días. Este plan se basa en cuatro ejes estratégicos:
Protección fronteriza: Erradicación de pasos no habilitados.
Integración institucional: Mando unificado entre Interior, Defensa y Seguridad Pública.
Modernización tecnológica: Uso de biometría y barreras físicas.
Estado de Derecho: Aplicación de procesos de reconducción y rechazo migratorio dentro del marco legal.
Con estas medidas, el gobierno de Kast busca marcar una hoja de ruta de «máxima exigencia» para los primeros meses de su gestión, priorizando el control territorial y la eficiencia administrativa.
