La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados abrió oficialmente la discusión del Royalty Portuario, una iniciativa impulsada para que las navieras aporten un dólar por cada tonelada transferida en terminales marítimos y puertos terrestres, con destino a comunas y gobiernos regionales asociados a la actividad portuaria.
La reactivación del debate llega después de que una versión previa fuese declarada inadmisible en Sala, con 47 votos en contra, 41 a favor y tres abstenciones, y marca un giro desde el punto de vista político y técnico, al poner sobre la mesa el uso territorial de esos recursos en infraestructura pública, educación, transporte y desarrollo local.
El proyecto vuelve al centro del recinto legislativo con un objetivo práctico: compensar las externalidades que generan los flujos de carga en las ciudades puerto, sin frenar la competitividad logística. La fórmula propone que el cobro recaiga en las navieras por tonelada efectivamente transferida, lo que alinea el flujo de ingresos a la actividad real y facilita la fiscalización; a su vez, abre márgenes para que los territorios financien conectividad vial, renovación de flotas de transporte público o pavimentos, entre otras prioridades.
Para la fruticultura exportadora, que depende de la fluidez portuaria y de entornos urbanos funcionales, un mecanismo estable y previsible puede traducirse en menos tiempos muertos, mejor seguridad vial y menor conflictividad social alrededor de los accesos a terminales.
En paralelo, el debate incorpora miradas críticas del sector logístico que advierten sobre potenciales efectos en costos y señalan la necesidad de datos sólidos de impacto antes de legislar. Ese contrapunto es relevante para productores y exportadores de fruta: la estructura de costos en “última milla portuaria” es sensible y cualquier recargo debe calibrarse con eficiencia y gradualidad, evitando traspasos desproporcionados a la cadena. Con Hacienda como sede del análisis, se abre espacio para modelaciones de impacto y esquemas de implementación por etapas, tal como se ha planteado en la discusión pública reciente.
El telón de fondo es una oportunidad de política pública territorial. Si se diseña con gobernanza clara, el royalty puede convertirse en una fuente estable de inversión local que mejore accesos, servicios y entorno urbano de corredores exportadores como Valparaíso y San Antonio, sin perder de vista que la logística es un sistema integrado donde eficiencia y aceptación social van de la mano. El inicio del trámite en Hacienda permite llevar esa discusión a números, calendarios y reglas de distribución con trazabilidad.
