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Chile abre consulta para normar la edición genética vegetal y acortar la ruta al mercado de nuevas variedades

  • La propuesta del Ministerio de Agricultura y el SAG busca transparentar el criterio para distinguir, caso a caso, si un material debe regularse como convencional o como OGM.
  • El proceso de consulta inició 14 de enero de 2026, y se extenderá por 60 días.

 

El Ministerio de Agricultura de Chile, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, inició un proceso de consulta pública para una propuesta de resolución que formaliza el procedimiento con que el organismo evalúa materiales vegetales desarrollados mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT), incluyendo la edición genética.

El objetivo es cerrar un “vacío” de certeza regulatoria y fijar criterios claros para determinar cuándo un desarrollo debe tratarse como material convencional y cuándo corresponde aplicar la normativa vigente para Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Según la minuta explicativa publicada por el SAG, el trámite sería obligatorio para quienes quieran importar o desarrollar en Chile material de propagación obtenido con estas técnicas y debe presentarse antes del uso en campo, por única vez, para obtener un pronunciamiento oficial.

La autoridad subraya que la resolución no cambia ni “relaja” las exigencias para OGM: si el material es determinado como OGM, debe cumplir toda la regulación aplicable.

El diseño regulatorio se apoya en la lógica de evaluación caso a caso, donde se revisa si existe o no una “nueva combinación de material genético”, concepto que el propio proyecto define, junto con la definición de NBT. En el borrador, el SAG plantea que estas técnicas permiten modificaciones precisas en el genoma que, en general, podrían no generar una nueva combinación, y que el propósito del acto administrativo es mantener la operatoria previamente conocida, pero con mayor transparencia y respaldo.

Al ordenar el procedimiento, el Ejecutivo busca acelerar la llegada de innovaciones que hoy se proyectan decisivas para enfrentar estrés hídrico, nuevas presiones sanitarias y variabilidad climática.

En la presentación difundida por el SAG, se enfatiza además que la propuesta fortalece atribuciones de fiscalización ante incumplimientos, como el uso de material no evaluado o la entrega de información falsa.

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