El panorama geopolítico en el Canal de Panamá se ha tensado drásticamente tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anuló las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong. La medida ha desatado una agresiva respuesta de Pekín y una firme defensa de la soberanía por parte del presidente panameño, José Raúl Mulino.
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China emitió un comunicado inusualmente severo, calificando la sentencia judicial panameña como «absurda, vergonzosa y patética». Según el organismo, Panamá habría «sucumbido» a presiones de potencias externas —en clara alusión a Estados Unidos— para perjudicar los intereses comerciales chinos.
«Si las autoridades panameñas insisten en hacer las cosas a su manera… ¡sin duda pagarán un alto precio tanto política como económicamente!», advirtió la oficina china, asegurando que Pekín cuenta con las herramientas necesarias para defender a sus empresas.
El presidente José Raúl Mulino no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales, rechazando de forma categórica las amenazas. El mandatario subrayó que en Panamá impera la separación de poderes y que el Ejecutivo no interfiere en las decisiones del Órgano Judicial.
Rechazo enérgico: Mulino respaldó el fallo de la CSJ y calificó de inaceptable el tono del pronunciamiento chino.
Soberanía judicial: La Cancillería panameña reforzó esta postura, exhortando a las partes internacionales a respetar la independencia de sus tribunales, tal como Panamá respeta las jurisdicciones extranjeras.
La anulación del contrato no solo afecta la operación actual de los puertos, sino que bloquea una megaoperación financiera. CK Hutchison planeaba vender un paquete de 43 puertos en todo el mundo (incluyendo los dos panameños) a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC) por un valor de US$ 23.000 millones.
La decisión de la Corte, que citó violaciones constitucionales y la protección del interés público, es vista por analistas internacionales como una victoria estratégica para Washington, que busca limitar la influencia de empresas estatales o vinculadas a China en infraestructuras críticas cercanas al Canal.
