En lo que se considera la mayor derrota legal desde su regreso a la Casa Blanca, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el pasado viernes que la política arancelaria del Presidente Donald Trump es ilegal. Por una mayoría de seis votos contra tres, el tribunal resolvió que el mandatario se extralimitó en sus funciones al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes comerciales, argumentando que dicha ley no faculta al Ejecutivo para establecer aranceles de forma unilateral.
La sentencia desató una reacción inmediata en el sector privado. Organizaciones como la asociación de pequeñas empresas «We Pay the Tariffs» y la Federación Nacional de Minoristas celebraron la decisión, señalando que proporciona una «certeza necesaria» para el mercado. Sin embargo, advirtieron que la victoria legal será incompleta sin un alivio económico real.
Expertos y consultoras como Capital Economics estiman que el gobierno federal podría verse obligado a reembolsar una cifra astronómica: las solicitudes de devolución por los aranceles pagados indebidamente podrían ascender a los US$120.000 millones. «El gobierno debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros para que las empresas puedan reinvertir en sus operaciones y empleados», afirmó Scott Lincicome, vicepresidente del Instituto Cato.
Lejos de retroceder ante el fallo que calificó de «ridículo», el Presidente Trump anunció el sábado recién pasado una contraofensiva inmediata. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario informó que subirá al 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países, apenas un día después de haber intentado fijarlo en un 10% tras conocerse la sentencia de la Suprema.
Esta nueva medida se ampara en una normativa distinta que, aunque permite elevar gravámenes, limita el incremento hasta un máximo del 15% y por periodos de solo 150 días. Analistas advierten que esta estrategia busca mantener la presión comercial sobre sus socios pese al bloqueo judicial, aunque su viabilidad a largo plazo y su posible conflicto con otros marcos legales internacionales aún están por definirse.
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