Tras 16 años desde que se proyectara el rediseño de la institucionalidad ambiental chilena, el pasado 1 de febrero de 2026 entró oficialmente en operaciones el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Este hito marca el cierre de un ciclo que comenzó en 2010 y consolida a un único organismo estatal como el responsable de resguardar el patrimonio natural del país.
Hasta ahora, la gestión de las áreas protegidas en Chile estaba fragmentada en cinco ministerios distintos (Agricultura, Bienes Nacionales, Culturas, Economía y Medio Ambiente). Con la entrada en régimen del SBAP, estas funciones se unifican. El nuevo servicio no solo administrará los parques y reservas, sino que también implementará instrumentos de conservación tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.
Gestión Unificada: Administrará el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que abarca aproximadamente 62 millones de hectáreas terrestres y marinas.
Nuevas Categorías: El sistema se simplifica de 11 a 6 categorías de protección (alineadas con estándares internacionales de la UICN):
Reserva de Región Virgen.
Parque Nacional.
Monumento Natural.
Reserva Nacional.
Área de Conservación de Múltiples Usos.
Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas.
Capacidad Operativa: El servicio nace con el traspaso de cerca de 600 funcionarios (principalmente de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF) y contempla la futura incorporación de 570 nuevos guardaparques.
Aunque la ley que mandataba su creación data de 2010, el proyecto legislativo tuvo una tramitación de 13 años antes de ser aprobado en junio de 2023. Conocida como la «Ley para la Naturaleza» (Ley N°21.600), otorga al SBAP facultades para fiscalizar, sancionar y coordinar la educación ambiental y el conocimiento científico en todo el territorio.
A pesar de su inicio oficial, el servicio enfrenta etapas de consolidación, como la publicación de reglamentos específicos y la articulación con actores privados y comunidades locales. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que esta nueva estructura permitirá pasar «de la declaración a la acción», asegurando estándares comunes para la protección de los ecosistemas ante la crisis climática actual.
