Para la fruticultura chilena, la gestión pública no es un concepto abstracto. Se mide en la velocidad con la que se abre un mercado, la robustez de los controles fronterizos y la capacidad del Estado para anticipar crisis que pueden comprometer temporadas completas. Bajo ese prisma, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, hace un balance de un período que define como «desafiante y transformador», donde la competitividad dejó de ser solo una cuestión de volumen para transformarse en una estrategia de sostenibilidad y reputación internacional.
En un escenario internacional donde la “licencia para exportar” se renueva día a día —con consumidores, retailers y autoridades sanitarias elevando estándares—, el rol del Ministerio de Agricultura se vuelve decisivo para sostener la reputación de Chile como proveedor confiable. Esa es la mirada , desde la cual se desarrolla nuestra conversación con la ministra de Agricultura, y donde cobra relevancia -para exportadores y productores- que no se trate de un balance meramente político, sino de una revisión de decisiones, herramientas y prioridades que impactan directamente el negocio y la competitividad del sector.
En esta entrevista, la ministra describe que el período al frente de la cartera comenzó en un contexto especialmente complejo para el mundo rural, con una sequía prolongada, altos costos de insumos y brechas territoriales que exigían respuestas urgentes y, al mismo tiempo, estructurales.
Desde esa base, su relato ordena la gestión en torno a tres transformaciones: consolidar una competitividad agroexportadora “sostenible” apoyada en altos estándares, sanidad y trazabilidad; impulsar un desarrollo rural con mayor equidad y dignidad; e instalar una agenda de innovación y modernización institucional con capacidad de anticipación y manejo de emergencias. En otras palabras, la autoridad plantea que la política sectorial debía correr en paralelo en carriles que hoy son inseparables, ellos son la productividad y sostenibilidad, eficiencia exportadora y presencia efectiva del Estado en los territorios.
Para un rubro exportador como la fruta, el corazón operativo de esa visión se expresa con nitidez en el fortalecimiento de los servicios públicos. La ministra pone especial acento en el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y en su capacidad de anticipar y enfrentar amenazas sanitarias mediante nuevas tecnologías, mejor diagnóstico y fronteras más seguras, junto a avances en certificación electrónica y sistemas digitales interoperables.
En el balance, menciona resultados concretos del período 2022–2025, como la concreción de 120 procesos sanitarios —incluyendo aperturas, reaperturas y medidas de facilitación— y la implementación de 27 medidas de facilitación sanitario-comercial para reducir fricciones operativas.
Para quienes están en la línea de producción y exportación, estos conceptos tienen traducción directa en cuanto a menos incertidumbre regulatoria, mejores condiciones de continuidad de embarques y, en ciertos casos, más velocidad para capitalizar ventanas comerciales en mercados estratégicos.
Ese “cómo” de la competitividad también se enlaza con lo que la ministra define como un objetivo país: no solo exportar fruta, sino “exportar confianza”. En su lectura, el desempeño exportador se sostiene cuando Chile demuestra prevención, trazabilidad, cuidado ambiental y capacidad de respuesta ante contingencias. En esa línea, la entrevista vincula el avance técnico-sanitario con la apertura y diversificación comercial, señalando que entre 2022 y 2025 se concretaron más de 70 aperturas comerciales y se consolidó una agenda que busca compatibilizar expansión con estándares. Para el sector frutícola, esto implica que la conversación sobre mercados ya no se limita a volumen y destino, sino que incorpora crecientemente requisitos de cumplimiento, trazabilidad y validación en origen, factores que inciden tanto en el costo como en el valor de la oferta chilena.
En suma, acá se deja una radiografía de gestión que combina sanidad, mercados, modernización y ruralidad, y permite entender qué capacidades declara dejar instaladas una administración que, según su propio balance, quiso posicionar a Chile no solo como exportador, sino como un origen confiable, capaz de competir elevando estándares y protegiendo su reputación internacional.
-Ministra, mirando su período al frente del ministerio, ¿Cuáles diría que fueron sus tres decisiones más determinantes y qué ‘sello’ deja instalado en la política agroalimentaria para el próximo ciclo?
–Asumimos la gestión en un contexto complejo para el sector silvoagropecuario, marcado por sequía prolongada, altos costos de insumos, brechas territoriales, debilidades institucionales y una percepción de ausencia del Estado en el mundo rural. Por eso, nuestra gestión se expresa en tres transformaciones centrales.
Primero, la consolidación de una competitividad agroexportadora sostenible, basada en altos estándares, sanidad, trazabilidad y cuidado ambiental.
Segundo, el avance hacia un desarrollo rural con equidad y dignidad, mediante mayor inversión, riego, asistencia técnica, financiamiento, acceso a mercados y conectividad para miles de familias campesinas e indígenas, mujeres y jóvenes.
Y tercero, la instalación de una agenda de innovación, modernización e institucionalidad, que deja capacidades permanentes para anticipar riesgos, enfrentar emergencias, integrar ciencia y planificar con visión de largo plazo.
El sello que dejamos es claro: agricultura competitiva, sostenibilidad y dignidad rural. Una agricultura que compite con estándares; una ruralidad que se desarrolla con dignidad; y un Estado que cuida, previene y acompaña.
Consolidamos una agenda de innovación, modernización e institucionalidad, instalando capacidades permanentes para anticipar riesgos, integrar ciencia y planificar con visión estratégica. El legado no se mide solo en cifras, sino en confianza, dignidad territorial y capacidades que permanecen más allá del período de gobierno.
-Si tuviera que mostrar resultados de terreno, ¿Qué avances concretos destacaría en los servicios del agro, especialmente SAG y ODEPA?
-Fortalecimos el SAG para anticipar y enfrentar amenazas sanitarias con nuevas tecnologías, mejor capacidad diagnóstica y fronteras más seguras.
Entre el 2022 y 2025 concretamos 120 procesos sanitarios, incluyendo aperturas, reaperturas y medidas de facilitación comercial. Además, se implementaron 27 medidas de facilitación sanitaria-comercial, orientadas a optimizar el uso efectivo del acceso sanitario ya existente y reducir fricciones operativas en el comercio.
Destaco, además, la implementación y ampliación de Systems Approach, el avance en certificación electrónica y paperless tanto fitosanitaria como zoosanitaria mediante sistemas digitales interoperables, la habilitación de nuevos puertos y puntos de ingreso, junto con la autorización de tránsitos por terceros países, incluidos esquemas marítimo–aéreo, así como la ampliación y actualización de protocolos sanitarios vigentes, incorporando nuevos productos, especies y condiciones operativas.
También implementamos sistemas digitales de verificación y control, particularmente en China, y procedimientos especiales para la gestión de contingencias sanitarias, reforzando la trazabilidad y continuidad de las exportaciones.
En materia de fiscalización y control fronterizo, durante 2025 se decomisaron 358 toneladas de productos agropecuarios, con fiscalización del 100% de equipajes en puntos habilitados, fortaleciendo la protección sanitaria del país.
Sumado a lo anterior, junto al sector privado donde ha sido clave el rol de Frutas de Chile, hemos impulsado un esfuerzo de carácter nacional que trasciende al propio MINAGRI: el Plan “Chile dice NO a la Mosca de la Fruta”, una estrategia interinstitucional orientada a resguardar el patrimonio sanitario del país, proteger el empleo agrícola y consolidar nuestra condición de proveedor confiable de alimentos en los mercados internacionales.
Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el programa “Chile Alimenta el Futuro” está permitiendo integrar datos, modernizar procesos y fortalecer la planificación estratégica del Ministerio. Esto ha mejorado la coordinación entre servicios, la trazabilidad, la capacidad de análisis y el diseño de políticas basadas en evidencia.
Respecto de ODEPA, su trabajo ha permitido contar con información estratégica para la toma de decisiones, que ha reflejado una institucionalidad con mayor capacidad de análisis, monitoreo y generación de información para la planificación sectorial y la gestión de emergencias.
-En comercio exterior focalizado en la fruticultura que, durante el año 2025 cerró con exportaciones históricas de frutas frescas al mundo, con valores por sobre los 8.500 millones de dólares ¿Cómo explicaría este gran resultado? ¿El trabajo público-privado fue una piedra angular clave?, ¿Qué fue crucial para este logro?
-Chile consolida su competitividad agroexportadora sostenible, que no depende exclusivamente de volúmenes o precios, sino de estándares, prevención, trazabilidad y cuidado ambiental. Se abren nuevos mercados para nuevos productos agrícolas, generando oportunidades de exportación para más productores.
Los datos lo demuestran, entre 2022 y 2025, las exportaciones silvoagropecuarias crecieron un 6,5%, impulsadas principalmente por el dinamismo del sector agrícola. Las frutas frescas y secas, las hortalizas y las semillas lideraron el crecimiento exportador, mostrando una canasta cada vez más diversificada. Productos como cerezas, paltas, manzanas, uvas y avellanas registraron crecimientos sostenidos, junto a nuevos rubros de mayor valor agregado.
Todo este buen desempeño también se ve fortalecido por el trabajo que realizamos desde los diferentes servicios del ministerio de Agricultura y que permitió que entre 2022 y 2025, se concretaran más de 70 aperturas comerciales y 120 procesos sanitarios, incluyendo aperturas, reaperturas y medidas de facilitación comercial. Estos avances fortalecieron el acceso internacional de productos frutícolas, agrícolas y pecuarios en mercados estratégicos.
Abrimos mercados en Indonesia, India, México, China y otros destinos estratégicos. Además, el desempeño exportador refleja una diversificación hacia productos no tradicionales, como flores ornamentales, miel y destilados premium. Este proceso evidencia una mayor sofisticación de la oferta silvoagropecuaria chilena y su adaptación a nichos especializados.
Paralelamente, avanzamos en programas y certificaciones de sustentabilidad como el Sello Chile Origen Consciente y Acuerdos de Producción Limpia, fortaleciendo el estándar competitivo del país y respondiendo a crecientes exigencias internacionales.
Esto fue posible gracias a una alianza público-privada efectiva, donde el Estado actuó con decisión y el sector privado —con un rol protagónico de Frutas de Chile— asumió corresponsabilidad estratégica. La diversificación redujo riesgos y fortaleció retornos, demostrando que Chile puede competir en los mercados más exigentes elevando estándares, reforzando la sanidad y protegiendo su reputación: no solo exportamos fruta, exportamos confianza.
-Hay temas que quedan pendientes para la próxima administración, muy relacionado con las exportaciones, y por lo mismo, la economía del país. ¿El SAG es uno de ellos?, ¿Cuáles serían a su juicio los ámbitos a mejorar a futuro para hacer más eficiente su trabajo? (¿Por ejemplo, mejores herramientas legales para enfrentar el crimen organizado en el ingreso de alimentos ilegales? …)
Dejamos un SAG fortalecido, con mejor capacidad diagnóstica, nuevas tecnologías, fronteras más seguras y el nuevo Departamento de Inteligencia Fitozoosanitaria. Además, avanzamos en certificación electrónica, sistemas digitales interoperables, control fronterizo con fiscalización del 100% de equipajes y decomisos relevantes.
Lo que queda hacia adelante es seguir fortaleciendo las capacidades permanentes para anticipar riesgos, integrar ciencia, gestionar emergencias y reforzar la seguridad fronteriza.
En ese sentido, aún queda seguir avanzando en la erradicación y control de mosca de la fruta que actualmente llevamos un 50% de avance en la eliminación de los focos activos y es fundamental sacar adelante el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales. Nuestra propuesta busca establecer penas de cárcel para quienes pongan en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario de Chile, reforzando así la protección de la agricultura y la seguridad alimentaria del país.
-En cuanto al avance de la Agenda de Competitividad Agroexportadora Sustentable ¿Qué destacaría como logros dentro de ella? (aperturas de mercados, avances en materia sustentable (ODS)…)
Nuestro país exporta confianza, y ello se refleja en la concreción de 120 procesos sanitarios —entre aperturas, reaperturas y medidas de facilitación comercial— durante esta administración. Esto ha fortalecido el acceso de los productos chilenos a mercados estratégicos y abierto oportunidades concretas de diversificación, como el ingreso de naranjas chilenas a México con variedades complementarias a su oferta local.
Este desempeño se tradujo en un récord histórico de exportaciones agrícolas, que superaron los US$ 20.500 millones en 2024, con un crecimiento sectorial del 23%, impulsado especialmente por la fruta fresca. Más de 20 categorías registraron alzas sostenidas entre 2022 y 2025: cerezas frescas (+36%), uva de mesa (+13%) y manzanas frescas (+23%), entre otras.
Pero esta agenda no es solo expansión comercial. Está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 2 (Hambre Cero), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 12 (Producción y consumo responsables) y el ODS 13 (Acción por el clima). Hemos elevado estándares sanitarios y ambientales, fortalecido la trazabilidad, promovido el uso eficiente del agua y consolidado prácticas productivas más resilientes. Competitividad y sostenibilidad no son agendas contrapuestas: son las dos caras de una misma estrategia país.
-En material de control de plagas ¿Cómo destacaría el trabajo?, especialmente pensando que, gracias a él, Chile, por ejemplo, sigue siendo un país libre de la mosca de la fruta
Con decisión enfrentamos este desafío mediante el Plan “No a la Mosca de la Fruta”, actuando con rapidez, rigor y eficiencia. Se fortaleció la vigilancia, trampeo y monitoreo desde Arica hasta Aysén, con decomisos relevantes y despliegue intensivo en terreno.
Desde el anuncio del plan, en octubre de 2025, se han gestionado 66 brotes a nivel nacional en la temporada 2025–2026. A la fecha, 33 han sido erradicados y 33 permanecen activos bajo control, lo que representa una 50% de tasa de cierre en un período acotado.
En ese sentido, concretamos el cierre exitoso de campañas de erradicación en Valparaíso y O’Higgins, regiones que ya se encuentran libres de mosca de la fruta.
Las acciones de fiscalización permitieron decomisar 358 toneladas de productos agropecuarios durante 2025, con fiscalización del 100% de equipajes en puntos habilitados.
Asimismo, reforzamos controles en pasos habilitados, la coordinación con Aduanas y policías, y la comunicación de riesgo, especialmente en la zona norte, donde existe mayor presión por ingresos ilegales y contrabando de productos agrícolas. En paralelo, avanza en el Congreso el proyecto de ley que sanciona la internación ilegal de plagas. Estas gestiones permiten reducir el impacto de los brotes sobre los mercados internacionales, resguardar la reputación de Chile como país exportador confiable y sostener la temporada agrícola.
-¿Cómo definiría su trabajo junto a Frutas de Chile?
Lo definiría como una alianza estratégica de alto estándar, donde lo público y lo privado actúan con una visión compartida de país. Con Frutas de Chile hemos construido una relación basada en confianza técnica, coordinación permanente y corresponsabilidad en la apertura y consolidación de mercados.
Este trabajo conjunto ha sido clave para concretar negociaciones sanitarias complejas, anticipar riesgos, diversificar destinos y ampliar nuestra canasta agroexportadora. Pero, sobre todo, nos ha permitido posicionar a Chile no solo como exportador de fruta, sino como un proveedor confiable, que cumple exigencias sanitarias, ambientales y de trazabilidad cada vez más estrictas.
Cuando el Estado y el sector privado trabajan alineados, con información, estrategia y objetivos comunes, la fruticultura chilena gana competitividad y proyección global.
-Finalmente, ¿Fue difícil ser ministra (mujer) dentro de un sector tradicionalmente considerado “tierra de hombres”? o esto ha cambiado?
Hemos tenido la oportunidad de impulsar una agenda con una hoja de ruta clara en materia de equidad de género: que la agricultura avance con equidad y dignidad. Por eso, uno de los ejes estratégicos en esta gestión ha sido ampliar la participación de las mujeres en el sector agrícola y que puedan acceder a un mayor número de instrumentos productivos.
La agricultura ha sido históricamente percibida como un espacio masculino, pero la realidad del mundo rural siempre ha sido distinta: las mujeres han estado ahí, produciendo, gestionando, innovando y sosteniendo comunidades. Más que sentir que entraba en “tierra de hombres”, entendí que mi tarea era visibilizar un liderazgo que ya existía, pero que muchas veces no era reconocido.
Hoy, más del 51% de los proyectos individuales que postulan a la Ley de Riego son presentados por mujeres; aumentamos en un 45% las inversiones destinadas a mujeres rurales; y la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria incorpora el enfoque de género como un eje transversal prioritario.
Desde lo personal, más que difícil, fue desafiante y profundamente transformador. Cada cifra refleja una convicción: la agricultura no avanza si deja fuera a la mitad de su talento. Y cuando una mujer lidera en este sector, no lo hace solo en nombre propio; abre camino para que muchas más puedan hacerlo con normalidad, sin que el género sea noticia, sino simplemente parte de una agricultura más justa, moderna y competitiva.
