El Senado despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que busca sancionar penalmente la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales, una señal legislativa que el sector agrofrutícola venía siguiendo de cerca por su impacto potencial en la defensa sanitaria del país. Según informó la Cámara Alta, la iniciativa fue aprobada en primer trámite y propone penas de hasta cinco años de presidio, además de multas que pueden superar los 69 millones de pesos.
La moción modifica las disposiciones penales relativas a enfermedades y plagas vegetales o animales y, al mismo tiempo, perfecciona el decreto ley N° 3.557 sobre protección agrícola. En ese marco, incorpora en el Código Penal una sanción para quien, “de propósito y sin permiso de la autoridad competente”, propague una enfermedad animal o una plaga vegetal, fijando la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
Uno de los puntos más sensibles para el mundo agrofrutícola está en el fortalecimiento de las atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero. El proyecto no solo adecua definiciones legales, sino que amplía facultades del SAG e introduce exigencias para mercancías peligrosas para animales, además de sancionar a quienes transporten, almacenen o comercialicen vegetales, animales, productos de origen vegetal o animal, así como insumos de uso agrícola o veterinario, sin documentos que acrediten su adquisición o legítima tenencia o sin las autorizaciones correspondientes. Esa infracción sería castigada con multas de 10 a 1.000 UTM.
Desde el Senado se vinculó esta tramitación directamente con el riesgo que representan el contrabando agropecuario y el ingreso ilegal de mercancías. La senadora Alejandra Sepúlveda sostuvo que existe una relación evidente entre el aumento de la plaga de la mosca de la fruta y el incremento del contrabando de productos agropecuarios hacia Chile, advirtiendo que esta situación pone en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario, la salud pública, distorsiona el mercado y eleva los costos de producción.
Para el sector frutícola, la relevancia del proyecto excede el ámbito penal. En la práctica, la discusión toca una de las bases de la competitividad exportadora chilena: la condición sanitaria. El SAG informó en febrero de 2026 que durante la temporada 2025-2026 se habían gestionado 66 brotes de mosca de la fruta a nivel nacional, con 33 ya erradicados y 33 aún activos bajo control, mientras que en 2025 el servicio destinó $33.000 millones solo a acciones de control y erradicación. Ese contexto explica por qué el endurecimiento normativo es leído por el rubro como una herramienta de protección productiva y comercial.
En el debate legislativo también se valoró que el proyecto entregue más herramientas de fiscalización al SAG y que responda a los “devastadores efectos” que ha tenido la mosca de la fruta en zonas del norte del país. Desde la perspectiva agrofrutícola, el mensaje es claro: la defensa sanitaria ya no se juega solo en la frontera o en los programas de erradicación, sino también en el plano penal, en la trazabilidad de mercancías y en la capacidad del Estado para perseguir conductas que pongan en riesgo la producción vegetal y animal.
