La economía es una ciencia que resuelve un solo problema: la asignación eficiente de recursos escasos.
La inspiración del nuevo código de aguas apunta a priorizar sus usos, dejando en primer lugar el consumo humano y la sobrevivencia de la ruralidad. En segundo lugar queda la disponibilidad de agua para la producción de alimentos [animal y vegetal]. Y por último, para uso minero, energético u otro.
La idea parece razonable. Pero cabe preguntarse si en el primer nivel del uso de agua se incluye el lavado de autos, el llenado de piscinas, el baño, las lavadoras y otros usos urbanos no esenciales. O si esa agua provendrá de fuentes recicladas.
Otra pregunta válida es si el sistema propuesto de concesiones por 30 años con pago de patentes es la mejor forma de asignar este recurso que se hace cada vez más escaso.
En un sistema de mercado quien tiene más dinero está dispuesto a pagar más por un bien. Por tanto, en la primera franja de prioridades, el mercado no debería operar y la forma de asignar los derechos de uso de agua debieran ser iguales para todos los chilenos. O quizás con una diferencia para los que viven en ciudad versus campo. Por ejemplo, en ciudad a uno le podrían asignar 100 mt3 anuales.
A continuación, debería hacerse una licitación para la segunda franja, es decir, para quienes producen alimentos. Esta licitación podría ser pagada o podría ser sólo avalada con un estudio técnico que justificara la demanda por agua de cada predio, embotelladora, lechería, etc. Esto evitaría que haya acumulación de derechos [porque todos los estudios deberían converger] y no habría mercado secundario de agua, ni sobre stock de derechos.
La tercera franja de uso consuntivo [agua que se usa y no se devuelve a las cuencas] podría ser licitada al mejor postor: mineras, industrias, etc.
Y en forma separada deberían tratarse los derechos de uso de agua no consuntivos, como por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas que usan el agua de paso, pero la devuelven en su totalidad a los ríos (aunque no siempre de forma inocua).
El proyecto de ley del nuevo código de aguas tiene buenas intenciones pero le hace falta el apoyo de un estudio económico/técnico que garantice tanto la sostenibilidad del recurso como el acceso equitativo y la generación de un mercado del agua regulado que asigne eficientemente el recurso.
