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noviembre 4, 2025
Opinión

¿Menos o más competitividad?

por Daniel Fernández Koprich, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport).

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Mediante diversas iniciativas parlamentarias se pretende implantar un impuesto al comercio exterior de Chile por la vía de un mal llamado “royalty portuario” (no se entiende cuál sería el recurso natural extinguible en este caso que ameritara un cargo por tal concepto), el más difundido es aplicar una tasa impositiva de 2 dólares por cada tonelada transferida. Algunas de estas iniciativas no han prosperado en el Congreso, al reconocerse que la aplicación de tributos es constitucionalmente una iniciativa exclusiva del Ejecutivo; otras se siguen tramitando.

Ya sea que se imponga como un cargo a las navieras, o directamente a los productos de exportación, este impuesto lo pagaría vía precio el consumidor en el destino final. Si fuera incorporado al valor de los fletes, el impacto de estos 2 USD/Ton en itinerarios de Chile a Asia o Estados Unidos para productos como vinos, celulosa o madera, sería, dependiendo del caso, un aumento entre el 3% y el 25% del valor del flete.

Si se cargara a los productos (cobre, salmones, etc.), los exportadores pueden decir cuál sería el aumento de precio en los mercados de destino, y su efecto frente a sus competidores. Un análisis similar se puede hacer para los productos de importación, cuyo incremento de precio interno por esta mala política implicaría una presión inflacionaria y un daño a la competitividad del país.

En términos de recaudación, sólo por tarifas de señalización (faros y balizas), tasas de uso portuario y canon de arrendamiento, las navieras y concesionarios que operan en puertos estatales pagan (cifra de 2024) 202 millones de dólares anuales a organismos del estado, el equivalente a 5,6 dólares por tonelada (promedio nacional; en Valparaíso es de 6,0 y en San Antonio 5,1).

Imponer al sistema un cargo adicional de 2 dólares por tonelada significaría aumentar en 72 millones de dólares (35,8%) los pagos anuales de navieras y concesionarios a organismos del estado en los puertos estatales. Como dije, estos mayores valores los pagarían los consumidores finales, tanto internos como de los mercados de destino de las exportaciones, con las consecuencias descritas.

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