Desde los primeros días de enero de 2026, México ha puesto en vigor una serie de gravámenes aduaneros dirigidos a productos provenientes de naciones con las que no mantiene tratados comerciales, impactando directamente a las importaciones de China.
La medida, aprobada por el Congreso en diciembre recién pasado, surge en un contexto de alta presión internacional marcado por la retórica comercial del presidente estadounidense Donald Trump y las recientes amenazas de aranceles hacia el país. Analistas económicos interpretan este movimiento como un alineamiento estratégico con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, de cara a la próxima revisión del tratado de libre comercio T-MEC que involucra también a Canadá.
La nueva política arancelaria afecta de manera significativa a sectores clave como el calzado, textil, juguetes y la industria automotriz. En el caso del calzado, sector que en 2024 registró importaciones superiores a los 2.163 millones de dólares con un fuerte dominio chino, los nuevos impuestos se han fijado entre el 25% y el 35%.
Por su parte, la industria del juguete, donde las compras a China representan más del 60% del total importado, enfrenta desde ahora un arancel del 30%. Aunque la Secretaría de Economía ha enfatizado que estas medidas no están dirigidas contra un país específico, la estructura de las importaciones sitúa a Pekín como el actor más afectado por las nuevas tasas.
El objetivo central de esta política, según ha manifestado el gobierno mexicano, es la salvaguarda de aproximadamente 350 mil empleos y el impulso de un proceso de reindustrialización nacional. La Secretaría de Economía sostiene que estos gravámenes permitirán proteger la producción interna y fortalecer las cadenas de valor mexicanas frente a lo que consideran una saturación de mercancías de bajo costo. Sin embargo, la medida ha generado una reacción inmediata en el plano diplomático.
Desde Pekín, un portavoz del Ministerio de Comercio calificó la decisión como una práctica de unilateralismo y proteccionismo, instando a las autoridades mexicanas a corregir el rumbo para evitar mayores fricciones en la relación bilateral.
Este escenario comercial de 2026 refleja la creciente complejidad de la geopolítica económica actual, donde México intenta equilibrar sus compromisos regionales con la necesidad de fortalecer su base industrial.
Mientras el Gobierno busca fomentar el crecimiento interno y asegurar su posición dentro del bloque norteamericano, el sector empresarial se mantiene expectante ante el impacto que estos costos adicionales tendrán en el consumidor final y en la dinámica de precios en el mercado local.
