Con un amplio respaldo de 123 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que establece el primer marco regulatorio unificado para la extracción de áridos en Chile. Tras este paso, la iniciativa fue remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
El proyecto busca poner fin a la falta de normativas claras en una actividad considerada estratégica para la construcción de viviendas e infraestructura, pero que hasta ahora presentaba vacíos en trazabilidad y fiscalización ambiental.
La nueva ley otorga facultades claves a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que ahora centralizará los procedimientos. Entre sus nuevas atribuciones destacan: la emisión de informes de factibilidad técnica obligatorios; la creación de un registro público de extractores y la capacidad de solicitar estudios de riesgo y medidas de mitigación o reparación de daños.
Asimismo, la normativa introduce una distinción técnica fundamental según el volumen de operación:
Extracción mecanizada menor: Proyectos que no superen los 30.000 metros cúbicos durante toda su vida útil.
Extracción mecanizada mayor: Proyectos que excedan dicho volumen.
En ambos casos, los interesados deberán presentar planos topográficos georreferenciados, memorias de extracción y, de manera obligatoria, un plan de cierre para garantizar que los terrenos o cauces no queden abandonados en condiciones de riesgo.
Uno de los puntos más relevantes es el endurecimiento de las sanciones. La ley establece que quienes realicen extracciones sin autorización y sean reincidentes (hayan sido sancionados administrativamente más de una vez en los últimos dos años) enfrentarán penas de presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años), además de las multas administrativas correspondientes.
Durante el debate, parlamentarios y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, coincidieron en que regular no significa prohibir. El objetivo es compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad, protegiendo especialmente a las comunidades ribereñas que hoy sufren riesgos de inundaciones debido a la extracción indiscriminada en cauces naturales.
Se establece un marco regulatorio nuevo y uniforme que permitirá fiscalizar de mejor manera una actividad esencial para el país», destacó la ministra López tras la votación.
