En una decisión que marca un nuevo hito en la agenda comercial agrícola, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció el miércoles 7 de enero el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas frescas (Malus domestica) originarias de Estados Unidos.
La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde a una solicitud presentada el pasado 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut). El organismo gremial, que representa al principal estado productor del país, presentó evidencia técnica que sugiere prácticas desleales de comercio que han afectado directamente la competitividad del sector nacional.
La autoridad federal ha definido dos ventanas temporales para determinar la existencia de prácticas de discriminación de precios y el impacto económico en la cadena de valor:
Periodo de investigación (Dumping): Del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.
Periodo de análisis (Daño a la rama de producción): Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.
Según el expediente, se analizarán variedades clave como Red Delicious, Golden, Gala y Granny Smith, procedentes mayoritariamente del estado de Washington, que concentra cerca del 70% de la oferta exportable estadounidense.
La Unifrut ha denunciado una «sobreoferta» de fruta estadounidense ingresada a precios que no cubren los costos de producción locales. De acuerdo con los datos preliminares de la Secretaría de Economía:
Dominancia de mercado: Las importaciones de EE. UU. representan el 97.5% del total de manzanas que ingresan al país.
Presión en precios: El flujo masivo de producto en presuntas condiciones de dumping provocó una caída de hasta el 14% en el precio de la manzana nacional durante el periodo investigado.
Pérdida de rentabilidad: Los fruticultores mexicanos enfrentan un escenario de márgenes negativos, lo que pone en riesgo la viabilidad de las huertas y el empleo rural en zonas estratégicas.
Este procedimiento se abre en un entorno de alta sensibilidad política y comercial. La investigación ocurre tras un 2025 marcado por tensiones arancelarias bajo la administración de Donald Trump y ante la proximidad de la revisión de medio término del T-MEC en 2026. Además, se suma a otros diferendos recientes, como las medidas aplicadas por EE. UU. al tomate mexicano en julio de 2025.
A partir de la entrada en vigor de esta resolución (8 de enero de 2026), las partes interesadas —incluyendo exportadores estadounidenses, importadores nacionales y el propio gobierno de EE. UU.— tienen un plazo legal para presentar argumentos, pruebas y formularios oficiales ante la SE.
De confirmarse el daño a la industria, México podría imponer cuotas compensatorias definitivas, las cuales incluso podrían aplicarse de forma retroactiva hasta 90 días antes de las medidas provisionales, con el fin de nivelar el «piso de juego» para los manzaneros mexicanos.
