El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha elevado el tono de su defensa frente a la controversia judicial que rodea al Megapuerto de Chancay. Verónica Zambrano, presidenta de la institución, afirmó en una entrevista de La República que tras una lectura exhaustiva de la demanda interpuesta por la empresa Cosco Shipping, la entidad ha concluido que el proceso no solo afecta competencias administrativas, sino que constituye una vulneración directa a la soberanía nacional.
Si bien inicialmente Ositrán mantuvo un perfil estrictamente técnico para evitar politizar el conflicto, el reciente fallo judicial en primera instancia —que ordena al regulador abstenerse de supervisar las operaciones del puerto— ha obligado a la institución a ser más enfática.
«Al inicio evitamos usar el término soberanía para no salir de nuestro ámbito técnico, pero ahora que hemos leído la demanda en detalle, concluimos que sí existe una vulneración», señalaron fuentes del organismo. El argumento central radica en que el Puerto de Chancay ocupa 180 hectáreas de mar, las cuales son de dominio público. Permitir que una empresa privada opere en territorio peruano sin la fiscalización de las leyes del Estado sentaría un precedente peligroso para cualquier otra infraestructura estratégica.
El conflicto surgió cuando el Poder Judicial admitió una medida que impide a Ositrán ejercer sus facultades de regulación de tarifas y supervisión de servicios en el puerto. Según la empresa Cosco Shipping, el terminal es de naturaleza «privada de uso público» y, por tanto, no debería estar sujeto al mismo control que otros puertos concesionados por el Estado.
Sin embargo, para Ositrán, esta interpretación es inconstitucional. La entidad sostiene que, la ley peruana no contempla «islas» donde el Estado no pueda ingresar a supervisar la calidad del servicio o los derechos de los usuarios, y que si hoy se le permite a Cosco operar sin control, mañana cualquier otra empresa podría exigir el mismo trato, debilitando la institucionalidad del país.
Esta postura coincide con las declaraciones recientes del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien calificó de «inaceptable» que el puerto más importante del país no pueda ser fiscalizado. El Ejecutivo ya ha adelantado que apelará el fallo y llevará el caso hasta el Tribunal Constitucional si es necesario.
Por su parte, Ositrán confía en que la segunda instancia judicial revierta la sentencia, devolviéndole al Estado la potestad de vigilar que un recurso estratégico, como es el litoral peruano, se utilice bajo el respeto estricto a la normativa nacional.
