En el sector agrofrutícola hay cada vez más exigencias por parte de los mercados, en cuanto a la trazabilidad, la inocuidad y el cumplimiento normativo, los cuales, hoy también forman parte del corazón del negocio. Para un país como Chile, cuya oferta agrofrutícola depende en buena medida de la confianza sanitaria y del prestigio construido en los mercados internacionales, el avance del comercio ilegal de fitosanitarios abre una señal de alerta que va más allá del ámbito regulatorio.
Así lo plantea en esta entrevista del News Frutas de Chile, Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA, quien advierte que el problema no solo compromete el uso correcto de productos estratégicos para la producción, sino que también puede derivar en riesgos para la salud de las personas, daños ambientales, pérdidas económicas, afectación de cultivos y eventuales impactos reputacionales para el país. En su análisis, Chile sigue siendo reconocido por su seriedad fitosanitaria y por una regulación exigente, pero al mismo tiempo enfrenta brechas relevantes en fiscalización, coordinación institucional y capacitación de usuarios.
Para Villarreal uno de los puntos de partida de esta discusión es que Chile mantiene una posición sólida en materia fitosanitaria. Esa reputación, dice, está asociada a su carácter exportador y a una normativa incluso más rigurosa que la de otros países de la región y algunos desarrollados. Sin embargo, esa fortaleza también convive con dificultades prácticas: disponibilidad de productos, velocidad de respuesta regulatoria y capacidad de control por parte de la autoridad.
La directora ejecutiva de AFIPA sostiene que la industria fitosanitaria es una de las más reguladas del mundo, precisamente por el carácter químico de muchos de sus productos y por los riesgos asociados a su transporte, almacenamiento y uso. Pero esa fuerte regulación no resuelve por sí sola uno de los problemas de fondo: el desconocimiento en el uso a nivel predial. Según explica, muchos agricultores no incumplen por intención, sino por falta de conocimiento o por la urgencia de salvar una producción, especialmente en el caso de pequeños productores, donde una mala temporada puede comprometer directamente el sustento del hogar.
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista es la constatación de que el comercio ilegal de fitosanitarios ha crecido y se cruza con otros delitos. Villarreal vincula este fenómeno con redes de falsificación, contrabando, delitos económicos y también con robos en el mundo rural. De hecho, plantea que fertilizantes y fitosanitarios aparecen entre los insumos más robados, debido a su alto valor y facilidad de reventa.
A su juicio, el problema dejó de ser invisible. Si antes no figuraba entre las principales preocupaciones sectoriales, hoy existe mayor conciencia institucional y también un trabajo más articulado entre actores públicos y privados. Menciona mesas piloto en algunas regiones, mayor participación de distintos organismos y una creciente preocupación por parte de entidades como la SNA, que ha levantado información desde los propios productores sobre robos y delitos en los campos. También señala que el incremento del crimen organizado ha contribuido a poner el tema sobre la mesa.
Para quienes producen fruta, hortalizas o cultivos destinados al mercado interno y externo, la advertencia de Villarreal señala que el uso de productos ilegales puede transformarse en un problema de inocuidad, de eficacia agronómica y de negocios.
En primer lugar, plantea un riesgo sanitario y comercial. Si un producto no registrado o prohibido deja residuos por sobre lo permitido, puede generar sanciones, multas, problemas de comercialización e incluso complicaciones en mercados de destino. En segundo término, advierte un riesgo ambiental y de salud humana, ya que una formulación no autorizada puede contener contaminantes, coformulantes no evaluados o composiciones inadecuadas que afecten a quienes aplican el producto, al entorno o al mismo cultivo. Y en tercer lugar, releva el riesgo económico: un fitosanitario ilegal puede ser ineficaz, venir adulterado o causar daños productivos severos, incluso hasta destruir un cultivo.
A eso se suma una preocupación de fondo para exportadores y productores de fruta fresca: la reputación de Chile. Villarreal sostiene que, aunque no se puede afirmar que exista ya un daño consolidado a nivel país, sí hay un riesgo real de deterioro reputacional si este fenómeno no se controla. Y en una industria que vende confianza además de producto, ese punto no es menor.
Otro elemento relevante que emerge de la conversación es la persistencia de canales informales de venta. Villarreal señala que todavía existe oferta de estos productos en redes sociales, ferias y circuitos no autorizados, a pesar de que se trata de insumos fuertemente restringidos y que solo debieran comercializarse en lugares formalmente habilitados. El problema, dice, es que muchos agricultores aún desconocen esa exigencia o no dimensionan el riesgo asociado a comprar fuera de la cadena formal.
Esa observación es especialmente importante para el mundo productivo, porque pone el acento no solo en el control policial o aduanero, sino también en una responsabilidad compartida entre industria, autoridades y usuarios finales. En otras palabras, el combate al comercio ilegal no pasa únicamente por decomisar productos, sino también por cerrar la brecha de información y uso correcto en el campo.
Villarreal reconoce que existe hoy una mayor disposición del SAG a colaborar con la industria para abordar este problema, pero advierte que persisten limitaciones concretas en materia de facultades y capacidad fiscalizadora. Por eso sostiene que una de las grandes brechas regulatorias está en la tipificación de los delitos y en el fortalecimiento de las atribuciones de los organismos que deben intervenir en la fiscalización.
También plantea que la respuesta no puede recaer en una sola institución. Menciona la necesidad de una coordinación más estrecha entre SAG, Aduanas, Ministerio Público, policías y sector privado. A su juicio, el desafío es construir una respuesta mucho más integrada, donde además los agricultores tengan acceso claro a información práctica: qué hacer, dónde comprar, qué evitar y cómo actuar frente a la oferta de productos sin respaldo formal.
Uno de los planteamientos más sensibles de la entrevista tiene que ver con las prohibiciones de productos. Villarreal advierte que existe una falsa seguridad cuando se asume que prohibir una molécula o cancelar un registro implica automáticamente que ese producto dejará de usarse. Según su visión, cuando se trata de herramientas importantes para la producción agrícola, una prohibición sin suficiente anticipación, comunicación ni alternativas puede producir el efecto contrario: empujar la demanda hacia el mercado ilegal.
Por eso insiste en que estos procesos deben abordarse de manera más sistémica, con mayor preparación de la industria, mejor comunicación hacia los usuarios y mayor transparencia respecto de por qué se cancela un producto, en qué plazo y con qué sustitutos disponibles. De lo contrario, el productor que necesita resolver un problema fitosanitario igualmente buscará el insumo, pero lo hará por una vía sin control.
En esta entrevista se releva la geografía chilena y la permeabilidad de ciertas zonas fronterizas. Villarreal menciona el norte del país como uno de los principales focos de ingreso de productos, asociado al movimiento de personas y a la facilidad de desplazamiento entre Chile, Perú y Bolivia. Ese contexto, afirma, genera un riesgo adicional que no siempre es comparable al de otras realidades regulatorias del mundo desarrollado.
En ese marco, AFIPA ha venido trabajando en estudios comparados de normativa internacional y en conversaciones con el SAG para profundizar materias como tipificación de delitos y facultades de servicios equivalentes en otros países. La idea, según plantea, es generar insumos concretos que ayuden a mejorar la respuesta chilena frente a un fenómeno que ya no puede entenderse solo como una infracción comercial menor.
Junto con pedir más coordinación y mejores herramientas regulatorias, Villarreal vuelve una y otra vez sobre un punto que considera central: la capacitación. Explica que AFIPA desarrolla un programa nacional de formación durante todo el año, dirigido a autoridades, productores, profesores, niños y usuarios en general, con alrededor de 12.000 personas capacitadas anualmente en formatos digitales y presenciales.
Pero, además, señala que el gremio ha querido ir más allá de la simple difusión. Con apoyo de CropLife en Latinoamérica y CropLife Internacional, han impulsado una estrategia más orientada a transferencia tecnológica en terreno, con huertos demostrativos donde se enseña manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas. Ese trabajo se realiza con productores como casos de referencia y luego se amplifica hacia agricultores de la zona, en una lógica de demostración práctica.
Villarreal comenta que esta línea de trabajo se ha desarrollado junto a INDAP en regiones clave para la agricultura, y que ha permitido demostrar que el manejo integrado de plagas y las buenas prácticas sí pueden implementarse en pequeños productores. Ese punto, para ella, es clave: el uso seguro y eficiente de estos productos no debiera ser una exigencia reservada solo a operaciones de gran escala.
El mensaje final de Patricia Villarreal apunta a una idea amplia, pero muy concreta para quienes producen y exportan: la lucha contra el comercio ilegal de fitosanitarios no es solo una tarea policial ni un problema de la industria proveedora. Es un desafío de competitividad, sustentabilidad y responsabilidad sectorial.
Su llamado es a sostener un trabajo colaborativo entre Estado, industria y agricultores, con continuidad en el tiempo. A su juicio, solo una estrategia coordinada permitirá reducir el crecimiento del comercio ilegal, controlar sus impactos y proteger tanto la imagen agroexportadora del país como la seguridad del mercado interno. En esa mirada, la sostenibilidad no se limita al componente ambiental, sino que también involucra salud, economía y confianza.
Para productores y exportadores el llamado de ella es a comprar en canales formales, exigir trazabilidad y reforzar el uso responsable de insumos no es solo una obligación regulatoria. Es parte de la defensa del negocio, de la condición de los cultivos y del prestigio sanitario sobre el cual se ha construido buena parte del posicionamiento agrícola de Chile.
Redacción News Frutas de Chile
