La innovación dejó de ser una opción para el agro chileno. En un escenario marcado por escasez hídrica, cambio climático, envejecimiento de la población rural, mayores exigencias ambientales, presión por trazabilidad y una competencia internacional cada vez más sofisticada, el sector silvoagropecuario enfrenta una transformación estructural: producir mejor, con más eficiencia, menor impacto y mayor capacidad de adaptación.
En ese contexto, la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, servicio de innovación del Ministerio de Agricultura, busca reafirmar su rol como articuladora entre productores, empresas, universidades, centros tecnológicos, territorios y Estado. Su director ejecutivo, Andrés Gálmez, plantea una hoja de ruta orientada a que las soluciones innovadoras no se queden en diagnósticos, seminarios o prototipos, sino que lleguen efectivamente a los campos y generen valor real en los procesos productivos.
El desafío, según Gálmez, es que la innovación tenga impacto territorial, productivo y económico. En sus palabras, FIA debe contribuir a que las iniciativas lleguen a cada rubro, segmento y región, porque el agro requiere soluciones acumulativas, sostenibles y aplicables a la realidad de productores pequeños, medianos y grandes.
Gálmez recuerda que FIA es la agencia de innovación del Ministerio de Agricultura desde hace más de 25 años y que su trabajo debe estar alineado con los ejes estratégicos definidos por el Minagri. En esa línea, distingue dos grandes ámbitos de acción.
El primero corresponde a la Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación, orientada tanto al sector privado como público, con un objetivo común: mejorar la competitividad y eficiencia de los procesos productivos, ya sea a nivel predial o en la cadena asociada.
El segundo se relaciona con los programas e instrumentos complementarios de FIA, entre ellos giras, eventos y consultorías, cuyo propósito es facilitar el acceso a la innovación, potenciar su implementación y habilitar nuevos procesos productivos.
“Necesitamos que la innovación se traduzca en mejoras sustanciales y acumulativas”, señaló Andrés Gálmez, director ejecutivo de FIA.
Para el mundo productor y exportador, esta mirada resulta clave. En un negocio donde los márgenes son cada vez más ajustados y los mercados demandan alimentos sostenibles, seguros, trazables y de calidad consistente, innovar ya no significa solamente incorporar tecnología. Significa resolver problemas concretos, reducir costos, mejorar eficiencia, diferenciar productos y fortalecer la posición competitiva de Chile.
Uno de los puntos centrales de la entrevista es la relación entre innovación y sostenibilidad. Para Gálmez, la producción sostenible debe entenderse como un proceso que equilibra dimensiones sociales, económicas y ambientales. Esta exigencia, explica, está siendo impulsada por consumidores, mercados internacionales y acuerdos globales.
En el caso de Chile, país con una agricultura altamente exportadora, la sostenibilidad dejó de ser una declaración general para convertirse en una condición de acceso y permanencia en los mercados. Los compradores observan cada vez con más detalle cómo se produce, qué impacto genera la actividad agrícola, cuál es la huella hídrica, cómo se reducen emisiones, qué medidas existen para proteger biodiversidad y qué trazabilidad respalda cada cadena.
Gálmez plantea que el país necesita ser altamente innovador para avanzar hacia una producción sostenible. Pero advierte que no basta con producir bajo mejores estándares: esos esfuerzos deben ser reconocidos por los consumidores y transformarse en diferenciación competitiva.
Esta afirmación es especialmente relevante para el sector agrofrutícola exportador. En frutas frescas, donde Chile compite con países que han construido relatos sólidos en torno a sostenibilidad, inocuidad y origen, la capacidad de comunicar y demostrar prácticas responsables puede convertirse en una ventaja frente a mercados exigentes.
Consultado por las áreas que marcarán el futuro del agro chileno, Gálmez apunta a un conjunto amplio de herramientas. Inteligencia artificial, agricultura de precisión, automatización, sensorización, biotecnología, trazabilidad digital y agricultura regenerativa aparecen como parte de una transformación que ya está en marcha. “Todas ellas”, respondió al referirse a las tecnologías que marcarán la próxima década.
La inteligencia artificial requerirá bases de datos extensas, confiables y útiles para la toma de decisiones. La agricultura de precisión será clave para avanzar en sostenibilidad, eficiencia hídrica y uso racional de insumos. La biotecnología, en tanto, tendrá un papel relevante en adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Para productores y exportadores, estas herramientas no son conceptos lejanos. En la práctica, se traducen en sensores de humedad de suelo, estaciones meteorológicas, modelos predictivos, plataformas de gestión de riego, monitoreo satelital, clasificación de fruta, trazabilidad de procesos, automatización de packing, bioinsumos, nuevas variedades, manejo de estrés y mejores decisiones sobre cosecha, postcosecha y logística.
Sin embargo, Gálmez pone una condición crítica: no habrá agricultura de precisión real sin conectividad rural. El acceso a internet de calidad, estable y confiable sigue siendo una brecha importante en muchos territorios agrícolas. Sin esa base, la digitalización corre el riesgo de profundizar desigualdades entre zonas, tamaños de productor y rubros.
Uno de los temas más sensibles para la modernización del agro es la conectividad digital. Gálmez advierte que para que la agricultura de precisión pueda desplegarse con impacto, la conectividad debe llegar a cada comuna y sector agrícola de forma confiable, no intermitente y de calidad.
Este punto tiene implicancias directas para la competitividad. Hoy, muchas soluciones tecnológicas dependen de transmisión de datos, monitoreo remoto, carga de información en plataformas, sensores en tiempo real, aplicaciones móviles o sistemas de gestión en la nube. Sin conectividad, el productor queda fuera de una parte importante de la innovación disponible.
En la práctica, la conectividad debe ser entendida como infraestructura productiva, al mismo nivel que caminos, agua, energía o logística. No se trata solo de acceso a internet para comunicación, sino de una condición habilitante para tecnificar decisiones, anticipar riesgos climáticos, optimizar recursos y responder a exigencias de trazabilidad.
Gálmez reconoce uno de los problemas más frecuentes del ecosistema de innovación: muchas soluciones logran validarse, pero no alcanzan la etapa comercial o de implementación masiva. Es decir, quedan como prototipos, experiencias piloto o resultados técnicos que no logran transformarse en herramientas disponibles para los agricultores.
“La investigación debe ser aplicada”, enfatizó Andrés Gálmez, director ejecutivo de FIA.
La frase resume un cambio de foco: el conocimiento debe traducirse en soluciones reales para productores y cadenas productivas. Cada proyecto apoyado por FIA debe buscar mejorar un producto, un proceso o una forma de producir, con posibilidades concretas de implementación en organizaciones agrícolas.
Para enfrentar la brecha entre prototipo y mercado, FIA prepara una línea de apoyo denominada “Materializa”, orientada justamente a apoyar la comercialización de soluciones desarrolladas. Según adelantó Gálmez, este instrumento estará disponible entre el 28 de julio y el 27 de agosto.
Esta línea puede ser especialmente relevante para startups, empresas tecnológicas, centros de investigación y organizaciones que ya cuentan con soluciones validadas, pero que requieren apoyo para avanzar hacia escalamiento, adopción comercial y llegada efectiva al productor.
La transformación digital también presenta un riesgo: ampliar la distancia entre empresas agrícolas con capacidad de inversión y pequeños o medianos productores con menos recursos técnicos, financieros o educativos.
Gálmez reconoce que cerrar esa brecha no depende solo de FIA, sino del Estado en su conjunto. Sin embargo, sostiene que la Fundación cumple un papel en facilitar que los procesos de innovación lleguen a distintos niveles productivos, incluida la Agricultura Familiar Campesina, AFC.
Entre los ejemplos menciona programas de desarrollo temprano de capacidades innovadoras, como Savialab, además de instrumentos de apoyo a eventos, giras, consultorías y actividades de difusión de proyectos respaldados por la Fundación. También destaca la creación del Área de Consolidación y Transferencia, orientada a fortalecer el paso desde el conocimiento hacia la adopción.
El diagnóstico es claro: la innovación debe ser inclusiva. Si las nuevas tecnologías solo llegan a los actores más capitalizados, el país podría profundizar brechas de productividad, rentabilidad y acceso a mercados. En cambio, si se diseñan instrumentos adecuados, la innovación puede contribuir a mejorar la competitividad territorial y abrir oportunidades para cooperativas, jóvenes rurales, mujeres agricultoras y pequeños productores.
Respecto de la disposición del agro chileno a una transformación digital profunda, Gálmez plantea que en un inicio existió reticencia al cambio, especialmente porque muchas prácticas agrícolas venían funcionando de una determinada manera durante décadas.
Sin embargo, señala que esa resistencia se resolvió con mayor rapidez en rubros como agricultura de exportación, producción cerealera, lechería y sectores más industrializados. En cambio, en pequeños y muchos medianos agricultores, el proceso ha sido más lento debido a limitaciones técnicas, financieras y educacionales.
Aun así, observa avances impulsados por el recambio generacional y la incorporación de jóvenes a los sistemas productivos. La entrada de nuevas generaciones puede acelerar el uso de herramientas digitales, plataformas de gestión, sensores, sistemas de trazabilidad y soluciones de automatización.
Pero el desafío sigue abierto. Gálmez advierte que el país todavía tiene una deuda importante en este ámbito, especialmente en una AFC con promedio etario alto y, muchas veces, sin reemplazo generacional.
“aún estamos al debe”, reconoció Gálmez.
Los mercados internacionales están elevando sus exigencias en trazabilidad, huella hídrica, reducción de emisiones, inocuidad, transparencia y sostenibilidad. Para Chile, que depende fuertemente de su capacidad exportadora en frutas, vinos, alimentos procesados, carnes, semillas y otros productos silvoagropecuarios, esta tendencia obliga a prepararse con mayor rapidez.
Según Gálmez, Chile debe avanzar mediante la diferenciación y lograr que los consumidores internalicen que la producción chilena es sostenible. Para ello, es necesario declarar y demostrar acciones en los ámbitos social, ambiental y económico, con especial énfasis en inocuidad alimentaria, protección del medio ambiente, descarbonización y cuidado de la biodiversidad.
“Nos falta mucho”, sostuvo el director ejecutivo de FIA al comparar el avance chileno con el posicionamiento que ha logrado Nueva Zelanda en estas materias.
La referencia es relevante para la industria exportadora. Nueva Zelanda ha construido una marca agroalimentaria asociada a origen, sostenibilidad, calidad y naturaleza. Chile, con ventajas fitosanitarias, contraestación, experiencia exportadora y diversidad agroclimática, tiene espacio para avanzar en un relato similar, pero necesita indicadores, coordinación, inversión y comunicación estratégica.
Otro eje planteado por Gálmez es la asociatividad. A su juicio, Chile necesita formar clusters en torno a los rubros más relevantes y aquellos que generan economías regionales importantes. Esto implica organizar a productores, empresas, academia, centros tecnológicos, proveedores, servicios públicos y gobiernos regionales en torno a desafíos comunes.
La asociatividad ha sido una dificultad histórica en el agro chileno. Sin embargo, la magnitud de los desafíos actuales hace cada vez más difícil enfrentarlos de manera individual. Cambio climático, escasez hídrica, nuevas plagas, exigencias de trazabilidad, costos laborales, digitalización y apertura de mercados requieren respuestas colectivas.
Para productores y exportadores, los clusters pueden permitir acceso a información, transferencia tecnológica, validación territorial, formación de capital humano, compras conjuntas, desarrollo de proveedores, promoción internacional y soluciones compartidas para problemas estructurales.
De aquí a diciembre de 2026, Gálmez plantea que FIA estará enfocada en lograr un impacto medible y reconocible en la búsqueda e implementación de soluciones para los problemas que enfrenta el agro.
El director ejecutivo sostiene que es fundamental que la demanda por innovación surja desde gremios, asociaciones de agricultores y diagnósticos realizados por agencias especializadas. A partir de esa demanda, FIA debe gatillar soluciones reales, técnicamente incorporables y con precios que justifiquen su adopción.
Este enfoque es clave porque cambia la lógica tradicional de la innovación: no se trata de desarrollar tecnología desde la oferta, sino de escuchar primero las necesidades del territorio y construir soluciones desde problemas concretos.
Al proyectar el agro chileno al año 2035, Gálmez espera que FIA sea reconocida como un referente dentro del ecosistema de innovación sectorial. Su aspiración es que la Fundación contribuya a impulsar soluciones reales para los desafíos del agro y a consolidar la modernización y sostenibilidad del sector silvoagropecuario.
Para productores y exportadores es relevante considerar que el futuro competitivo del agro chileno dependerá menos de innovaciones aisladas y más de una capacidad colectiva para transformar conocimiento en adopción, tecnología en rentabilidad y sostenibilidad en diferenciación.
Redacción News Frutas de Chile
