Con el fin de abordar la creciente inseguridad que afecta a los productores agrícolas de la Región de Coquimbo, la Delegación Presidencial Provincial de Limarí y la Sociedad Agrícola del Norte A.G. (SAN) llevaron a cabo una nueva mesa de trabajo sobre seguridad rural. En el encuentro, los distintos actores coincidieron en que la prevención y el trabajo policial no bastan si no se impulsan reformas legales que castiguen con mayor severidad los delitos en el campo.
La sesión convocó a los seremis de Seguridad Pública y de Agricultura, representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, agricultores locales y delegados de parlamentarios regionales. Durante la jornada, la SAN —a través de sus directores Ulises Contador y Edgardo Bou, y su gerente Alejandra Marín— expuso los resultados del Barómetro de Robo Agrícola, herramienta que analizó la magnitud de los ilícitos ocurridos en los últimos seis meses, el impacto productivo y la percepción de temor en el gremio.
A pesar de las coordinaciones vigentes, los asistentes manifestaron su frustración ante la legislación actual aplicable a los robos en lugares no habitados.
Al rspecto, la delegada presidencial provincial de Limarí, Ivonne Guerra, precisó: «Necesitamos que las leyes cambien. Mientras las leyes no cambien, vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir teniendo las mismas reuniones», advirtió, instando a los parlamentarios a comprometerse con modificaciones reales y conocer en terreno la afectación que sufre el sector rural.
En esa misma línea, el seremi de Agricultura, Vicente Cortés, recalcó que el agro ya carga con la escasez hídrica, contingencias climáticas y plagas.«Tiene que haber un cambio de fondo, principalmente en el robo en lugar no habitado y en el mundo agrícola, con sanciones más gravosas que sean un desincentivo para el delincuente», dijo.
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, valoró el trabajo coordinado entre las policías y las instituciones, pero reconoció la necesidad de «avanzar en materia legislativa, particularmente para fortalecer las sanciones frente a este tipo de delitos».
Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, y el fiscal de Focos Investigativos, Nicolás Nicoreanu, explicaron las metodologías investigativas implementadas para perseguir estos hechos en el sector rural. Ambos persecutores subrayaron que resulta indispensable que los agricultores efectúen las denuncias correspondientes y aporten antecedentes y evidencias para lograr identificar a los responsables.
Al encuentro también asistió Félix Rodríguez, director de la Cooperativa Control Pisquero, quien advirtió que el rubro pisquero se encuentra gravemente perjudicado por estos delitos, y representantes de los parlamentarios Daniel Núñez, Bernardo Leyton y Erich Grohs, quienes recogieron las demandas de la zona.
Finalmente, el director de la SAN, Ulises Contador, puntualizó: «Entendemos que para enfrentar de manera estructural la inseguridad que afecta al sector rural se requieren cambios legales […]. Los cambios legislativos son procesos de mediano plazo, mientras que el problema de la inseguridad y sus efectos los estamos viviendo hoy. Por ello, es fundamental mantener y fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades, avanzando en medidas inmediatas».
El Segundo Barómetro de Robo Agrícola de la SNA realizado en enero de 2026, reunió 655 respuestas de agricultores. El estudio advierte que corresponde a una encuesta voluntaria y que, por ello, sus resultados deben interpretarse como una aproximación descriptiva y no como una medición estadística representativa de todo el universo agrícola.
No obstante, y pese a la cautela metodológica, los resultados de la investigación indican que: 77,4% de los encuestados declaró haber sido víctima de un robo durante los doce meses anteriores. Entre quienes entregaron detalles sobre la frecuencia, un 43% afirmó haber sufrido tres o más robos, 30,9% reportó dos episodios y 26,1% uno. Un 9,7% señaló que hubo violencia física asociada al delito.
La principal actividad representada dentro de la muestra fue precisamente la fruticultura, con 51,7% de las respuestas, lo que otorga especial relevancia a las cifras para un sector donde gran parte de la producción depende de infraestructura instalada en extensas superficies rurales.
Asimismo, el estudio permite dimensionar también qué bienes están resultando más afectados.Los insumos agrícolas encabezaron las menciones, con un 52,5% de los encuestados afectados señalando esta categoría. A continuación aparecen las instalaciones eléctricas, con 40,1%, y la propia producción agrícola, con 30,3%.
También fueron mencionados animales, maquinaria e insumos agroindustriales.Desde la perspectiva económica, los insumos agrícolas y las instalaciones eléctricas concentraron las mayores pérdidas dentro de la muestra. El informe calculó $8.867 millones sustraídos entre los encuestados y, mediante una expansión metodológica al universo SII Agro, realizó una estimación anual del orden de US$530 millones. La cifra corresponde a una modelación del estudio y no a un catastro policial de robos efectivamente denunciados.
Además, aparece una señal especialmente compleja para la persecución penal: 90,6% de los participantes sostuvo que cree que denunciar no tendrá efectos positivos, frente al 67% registrado en el primer barómetro de marzo de 2025.
Esto ayuda a explicar por qué Fiscalía insistió durante la reunión del Limarí en la importancia de formular denuncias y entregar fotografías, registros, patentes, números de serie y cualquier otra evidencia que permita conectar distintos episodios.
Dentro de la problemática regional existe un delito que ha adquirido especial relevancia: el robo de cables de cobre y de infraestructura eléctrica. En marzo de este año, un robo ocurrido en Llanos de Tabalí, Ovalle, dejó una señal clara de la magnitud que puede alcanzar este fenómeno. En esa ocasión fueron sustraídos alrededor de 1.500 metros de conductor de cobre, cayeron seis postes y otras cinco estructuras resultaron dañadas, provocando la interrupción del suministro eléctrico para 1.991 clientes de Tabalí y Valle del Encanto.
En ese momento, antecedentes proporcionados por CGE indicaban que la provincia de Limarí estaba registrando entre uno y dos robos de cables por semana. Autoridades regionales también habían advertido sobre un desplazamiento de este tipo de delitos hacia la provincia.
Para el agro, el impacto puede ser particularmente severo.La electricidad sostiene sistemas de riego tecnificado, bombeo desde pozos, equipos de frío y distintas faenas agrícolas, por lo que el daño de un transformador o la sustracción de cables puede detener la actividad productiva aunque el cultivo propiamente tal no haya sido robado.
