Las autoridades chinas presentaron una propuesta de enmiendas integrales a la Ley de Comercio Electrónico del país con el objetivo de reforzar la supervisión de las plataformas digitales e incorporar herramientas de sanción más estrictas. La iniciativa, publicada de manera conjunta por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado y el Ministerio de Comercio, busca actualizar el marco normativo vigente desde enero de 2019 dentro del mayor mercado minorista en línea del mundo, cuyas ventas totales superaron los 2 billones de dólares el año anterior, incluyendo más de 20.300 millones de dólares en importaciones transfronterizas de alimentos y productos frescos.
El borrador normativo incrementa de forma sustancial las obligaciones operativas y legales para los operadores de plataformas de comercio electrónico, exigiéndoles identificar y reportar activamente infracciones que vulneren el orden público, la moral o los intereses nacionales. Al mismo tiempo, los órganos reguladores estatales sumarán facultades de fiscalización de amplio alcance, entre las que destacan la realización de inspecciones presenciales, el interrogatorio a partes involucradas, el secuestro de pruebas documentales y el acceso directo a los registros de cuentas bancarias y sistemas de pago de las empresas sometidas a investigación.
En el plano sancionatorio, las modificaciones endurecen drásticamente los castigos económicos y administrativos frente a conductas desleales o abusivas. Para casos de gravedad extrema, la legislación introduce la posibilidad de aplicar multas proporcionales de hasta el 5% de la facturación anual obtenida por el operador durante el ejercicio fiscal previo. Asimismo, se contemplan suspensiones temporales de operaciones comerciales, bloqueo de nuevos registros de usuarios, corte del acceso a servicios de red y la revocación definitiva de permisos o licencias de negocio.
Una de las incorporaciones más relevantes del proyecto radica en su carácter extraterritorial, al determinar que cualquier actividad de comercio electrónico desarrollada fuera de China que altere el orden de su mercado interno o perjudique los derechos de operadores y consumidores nacionales quedará sujeta a esta normativa. Complementariamente, el texto faculta a Pekín a aplicar contramedidas recíprocas contra naciones u organizaciones foráneas que impongan restricciones discriminatorias a los intereses digitales del país, habilitando incluso la inclusión de firmas extranjeras en la lista de entidades no confiables con prohibiciones para invertir en el sector. El periodo de consultas públicas concluyó a nivel interno a principios de agosto sin que las reformas hayan sido notificadas hasta ahora ante la Organización Mundial del Comercio.
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