Regulación, productividad y sostenibilidad se cruzaron en un mismo punto: cómo evaluar el riesgo ambiental de los productos fitosanitarios con estándares técnicos comparables a los referentes internacionales. Ese fue el eje del taller realizado entre el 13 y el 15 de enero en Santiago, donde AFIPA reunió a profesionales del sector público y privado para alinear criterios, lenguaje técnico y herramientas de análisis que permitan decisiones más transparentes y proporcionales.
La capacitación, organizada junto a CropLife Latin America y con apoyo de IICA y USDA, se enmarcó en el proyecto “Agricultura Sostenible en Acción”, orientado a fortalecer capacidades frente a los desafíos que hoy tensionan la competitividad del agro: exigencias ambientales crecientes, necesidad de innovación y presión por aumentar productividad sin comprometer inocuidad ni biodiversidad.
En ese contexto, el presidente de AFIPA, Gabriel Assandri, instaló una señal política-técnica hacia el sector: la modernización regulatoria y la mejora de los modelos de aplicación de fitosanitarios no pueden sostenerse sin datos científicos actualizados ni colaboración entre actores. La idea, según planteó, es habilitar un camino de mejora continua, donde el diálogo entre industria, autoridades y cooperación internacional acelere la convergencia con estándares globales.
La directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, añadió una lectura estratégica: la sostenibilidad dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición de continuidad productiva. Desde esa mirada, enfatizó que la evaluación y gestión de riesgos exige un enfoque integral apoyado en ciencia y tecnología, capaz de entregar control preciso de variables productivas y asegurar que los beneficios agronómicos no se obtengan a costa de la seguridad de las personas o del medio ambiente.
El taller avanzó desde la teoría a la aplicación práctica. Los contenidos se concentraron en comprender el marco conceptual y la evidencia requerida para iniciar evaluaciones; analizar modelos de simulación y datos para caracterizar exposición ecológica y efectos; e interpretar resultados para ponderar riesgo-beneficio y diseñar estrategias de mitigación. La conducción estuvo a cargo de los expertos internacionales Luis Suguiyama, Jeffrey Jenkins y Ximena Patiño, con foco en metodologías reconocidas fuera de la región y su posible adaptación a realidades productivas locales.
Las intervenciones institucionales marcaron un punto de convergencia: más conocimiento técnico para mejores decisiones. Hernán Chiriboga, representante del IICA en Chile, advirtió que enfoques exclusivamente restrictivos pueden terminar limitando tecnologías necesarias, por lo que resulta indispensable que las áreas regulatorias manejen en profundidad la evaluación de riesgos. A su vez, Amanda Hinkle, agregada agrícola de la Embajada de Estados Unidos, subrayó el valor de la evaluación de riesgo ambiental como base científica transparente y proporcional, destacando experiencias metodológicas como las de la EPA.
Desde el regulador, Marco Muñoz, de la División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas del SAG, reforzó que el proceso científico es clave para garantizar productividad con responsabilidad, al identificar y mitigar impactos sobre salud humana, biodiversidad y ambiente. Su mensaje apuntó a un desafío mayor: alimentar a una población creciente con seguridad alimentaria e inocuidad, resguardando condiciones dignas para agricultores y productores.
La señal de fondo, hacia adelante, es que el taller no se concibió como un evento aislado. AFIPA proyecta que esta instancia active conversaciones público-privadas con participación de SAG, ACHIPIA, USDA, IICA y empresas, para actualizar la regulación chilena y empujar la adopción de prácticas sostenibles, reforzando instrumentos de fomento y modelos de aplicación, con formación continua como soporte para el cambio.
