El megapuerto de Chancay, una de las obras de infraestructura más ambiciosas de China en América Latina, ha vuelto al centro de la controversia geopolítica. Estados Unidos manifestó ayer miércoles su inquietud luego de que se diera a conocer que el Estado peruano se vería imposibilitado de regular y fiscalizar plenamente las operaciones del terminal, actualmente bajo control de la empresa estatal china Cosco Shipping Lines.
A través de su oficina para Latinoamérica del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense calificó a los propietarios del puerto como «depredadores» y lanzó una dura advertencia sobre las implicancias de permitir que capitales extranjeros de este tipo operen sin supervisión local.
«Estamos preocupados por los informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes», señalaron desde Washington, añadiendo una frase que resume su postura frente a la influencia económica de Beijing en la región: «El dinero barato cuesta soberanía», comentó.
La controversia escaló tras un reciente fallo judicial en Perú que limita las facultades de Ositran (el organismo regulador de la infraestructura de transporte de uso público) para supervisar las actividades en el puerto. Según los argumentos presentados por la parte asiática y los sectores que defienden la autonomía del proyecto, una fiscalización excesiva vulneraría los derechos de control y los acuerdos contractuales establecidos originalmente.
Por su parte, el gobierno chino ha defendido la legalidad de sus operaciones, asegurando que el proyecto busca potenciar el comercio transpacífico y no representa una amenaza a la seguridad ni a la independencia del país sudamericano.
