En un negocio frutícola donde calibre, firmeza y regularidad definen el valor FOB, la genética dejó de ser “un tema técnico” para convertirse en un soporte comercial. A.N.A. Chile (Andes New Varieties Administration) — uno de los principales proveedores de genética frutícola del Chile, excluyendo berries y frutos secos— utiliza la Ley de Incentivo Tributario a la I+D para transformar un ciclo históricamente lento en una operación más intensa y con mayor alcance, capaz de poner en manos de productores y exportadores variedades que respondan a lo que el retail global exige.
El modelo de A.N.A. parte fuera del país con la localización de genotipos con potencial, cerrar acuerdos con sus obtentores y superar cuarentenas. Luego, la fruta se prueba en centros de evaluación distribuidos a lo largo de Chile —con apoyo de universidades y especialistas— para entender su desempeño real por zona.
La empresa también protege la propiedad intelectual, resguardando la relación con quienes generan la innovación. En paralelo, representa programas genéticos de España, Sudáfrica y Chile y facilita su evaluación en otros mercados de Sudamérica.
“La ley no solo abarata la gestión: nos permitió aumentar la escala, profesionalizar el proceso y subir el estándar”, afirmó Luis Fernández, gerente general de A.N.A., en declaraciones a Corfo Conecta. La consecuencia para la cadena exportadora es concreta: más ensayos, mejor data y decisiones más rápidas sobre qué materiales avanzan. El resultado se expresa en el huerto con productividad y sanidad, y en el packing y mercado con fruta más competitiva.
Agrega que A.N.A. no hace investigación básica; toma ese conocimiento, lo aterriza y lo convierte en proyectos explotables para la industria. Si el productor pasa de un material que “produce 10” a otro que “produce 14”, y además enfrenta menos mermas y tratamientos por resistencia a enfermedades, mejora su margen antes de entrar al camión. Esa ganancia de eficiencia es la que termina respaldando el posicionamiento exportador.
Tras externalizar por un tiempo la certificación de proyectos, la compañía levantó un equipo propio para relacionarse directamente con Corfo: profesionales técnicos y administrativos que dominan la trazabilidad, costos y evidencias de cada ensayo, y la articulación con la Universidad de Chile, INIA y Biofrutales mantiene el puente entre ciencia y adopción comercial.
Fernández explica que la Ley I+D tiene sentido cuando hay I+D real detrás. Para las empresas que ya investigan, el consejo es formar un equipo dedicado, establecer protocolos internos y entender la lógica de la certificación. Una vez montado, el proceso “se hace absolutamente trabajable” y el beneficio se vuelve tangible para la operación.
