La Corte Suprema desestimó el recurso de protección presentado por Inmobiliaria e Inversiones Tierra Verde Ltda. contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Biobío, por la supuesta omisión al no resolver dentro de seis meses una solicitud de certificación de subdivisión rural en Yumbel. El fallo —Rol N° 28.404-2025— concluyó que la tardanza no configura ilegalidad ni arbitrariedad mientras se mantenga dentro de parámetros razonables atendida la carga de trabajo y recursos del servicio.
El tribunal precisó que la empresa ingresó la solicitud el 30 de septiembre de 2024 y dedujo el recurso el 31 de marzo de 2025, alegando afectación de los derechos de igualdad ante la ley y propiedad. En su informe, el SAG citó el Dictamen N° E422370/2023 de la Contraloría, que descarta la aplicación del silencio administrativo positivo en este tipo de trámites, y explicó que desde 2021 recibe más de 20 mil solicitudes anuales, lo que presiona los tiempos de respuesta.
La ratio decidendi reafirma que el artículo 27 de la Ley 19.880 fija un estándar de celeridad, pero no un límite fatal cuya superación invalide actuaciones, siguiendo precedentes de 2012, 2014 y 2016 (Roles 4817-2012, 6661-2014 y 97686-2016).
Asimismo, la Corte subrayó que el recurso de protección no es una vía para priorizar o acelerar procedimientos administrativos en curso ni para reemplazar los mecanismos ordinarios de la misma ley, como los artículos 64 y 65 sobre silencio administrativo. Ordenar una priorización por esta vía —indicó— afectaría el principio de igualdad del artículo 19 N° 2 de la Constitución.
