El acuerdo UE-Mercosur volvió a instalarse en el centro del debate agroalimentario español luego de que trascendiera según medios de comunicación de ese país, que el Ministerio de Agricultura no dispone de informes propios específicos sobre su impacto en el campo.
Según se informó citando una resolución de transparencia del 1 de abril de 2026, el Ejecutivo reconoció que no obra en su poder buena parte de los estudios de impacto económico, social y medioambiental solicitados, y remitió esa competencia a la Comisión Europea.
La ausencia de una evaluación sectorial propia cobra especial relevancia para el negocio agrofrutícola, en un momento en que el acuerdo sigue generando dudas sobre su efecto en cadenas sensibles y sobre la competencia de importaciones procedentes del Mercosur.
Se sostiene que Agricultura se apoya en estadísticas generales y herramientas como la RECAN o estudios de costes, pero que esos materiales no fueron elaborados específicamente para medir las consecuencias del pacto UE-Mercosur sobre el agro español.
En paralelo, la posición oficial del Gobierno sigue siendo claramente favorable al acuerdo. En una respuesta escrita al Senado del 11 de marzo de 2026, el Ejecutivo lo calificó como “necesario, oportuno y positivo” para España, y aseguró que generará beneficios para todos los sectores, incluido el agroalimentario.
En esa contestación, el Gobierno señaló que productos del agro como aceite de oliva, vinos y licores, porcino, frutas y hortalizas se verían favorecidos por la reducción o eliminación de aranceles hoy situados entre el 10% y el 35%, además de una mayor protección para 59 indicaciones geográficas españolas.
La Comisión Europea sostiene que el acuerdo puede elevar hasta un 39% las exportaciones anuales totales de la UE al Mercosur, y que las exportaciones agroalimentarias europeas podrían crecer casi 50% gracias a la rebaja de aranceles sobre productos clave, entre ellos vino, bebidas espirituosas y aceite de oliva. En la narrativa comunitaria, el pacto abre una ventana comercial relevante para los exportadores europeos en un mercado de más de 270 millones de habitantes.
Sin embargo, tanto Madrid como Bruselas intentan responder a las alertas del campo con el mismo argumento: el acuerdo incluye protecciones para los sectores más sensibles. En su respuesta al Senado, el Gobierno afirmó que productos como carne bovina, aves, azúcar, arroz, etanol, miel o maíz tendrán contingentes limitados, en la mayoría de los casos equivalentes a entre 1% y 2% de la producción o el consumo europeo, además de cláusulas de salvaguardia y una red de apoyo financiero comunitario anunciada en 6.300 millones de euros. La Comisión Europea, por su parte, insiste en que las normas sanitarias y fitosanitarias de la UE seguirán aplicándose a todas las importaciones y que se reforzarán controles y auditorías.
Para el sector agrofrutícola español, el problema de fondo no es solo comercial, sino también de información. Mientras el Gobierno defiende el potencial exportador del acuerdo para frutas y hortalizas, sigue faltando más datos para armar un panorama nacional, específica y actualizada sobre cómo impactará en cada rubro, territorio y cadena de valor.
