El «Proyecto de ley que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga», se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Obras Públicas del Senado. La propuesta legislativa ha despertado diversas voces respecto a sus impactos para el sector logístico y exportador nacional, y tal es el caso del presidente de Frutas de Chile; Iván Marambio, quien advierte sobre los efectos directos en la industria frutícola de exportación, la cual, compite al más alto nivel en los mercados internacionales, y donde mantener esa posición, requiere una cadena logística eficiente y ágil.
«En fruta fresca, el tiempo es un factor crítico, ya que cualquier demora puede afectar la condición de llegada a los mercados de destino y la competitividad de nuestras exportaciones. Desde Frutas de Chile entendemos la importancia de resguardar la infraestructura vial y contar con adecuados mecanismos de fiscalización y control. Sin embargo, nos preocupa que el proyecto de ley que modifica las normas de autocontrol en materia de pesaje de camiones pueda generar mayores tiempos de espera, rutas más extensas y mayores costos operacionales para la cadena exportadora», precisó el líder de los fruteros, agregando que todo ello, «cobra especial relevancia en un contexto internacional cada vez más desafiante, marcado por tensiones geopolíticas y mayores costos logísticos, donde no existe margen para absorber nuevas cargas operacionales. Creemos que esta discusión debe abordarse desde una mirada integral, compatibilizando el resguardo de la infraestructura vial con una logística moderna y eficiente».
Asimismo, destacó que como Frutas de Chile «reiteramos nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer los mecanismos de control, resguardando al mismo tiempo la competitividad de las exportaciones chilenas y con ello, los compromisos comerciales de todo el país».
La iniciativa propone modificar las normas sobre el autocontrol en materia de pesaje, con especial énfasis en las empresas generadoras de carga. Así, el proyecto obliga a las grandes empresas generadoras e intermediarias de carga a instalar sus propios sistemas de pesaje electrónico antes de despachar los camiones a las carreteras, buscando evitar el sobrepeso vehicular para proteger los caminos públicos y traspasar la responsabilidad de la fiscalización desde el chofer hacia las grandes industrias que muevan 60.000 toneladas o más de carga al año (puertos, mineras, centros de distribución, retail, bodegas, entre otros).
De esta manera, el proyecto obliga a instalar básculas y tecnologías de pesaje digital homologadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), mientras que cada camión que salga de la planta debe ser pesado y emitir un documento digital en tiempo real con datos de patentes, conductor, peso por eje y dimensiones exacta; así, si el camión viaja con sobrepeso, la sanción recae legalmente sobre la empresa generadora de la carga (origen) y no solo sobre el chofer o la empresa del transporte.
