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Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto de ley que resguardar la seguridad fito y zoosanitaria del país endureciendo las sanciones

  • El 26 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados de Chile aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley (Boletín 16777-07) para su tercer trámite constitucional. La iniciativa busca resguardar la seguridad agroalimentaria y exportadora endureciendo significativamente el castigo penal al contrabando agrícola y la internación ilegal de mercancías peligrosas.

 

El ingreso clandestino de productos agrícolas al país dejó de ser únicamente un problema de contrabando. Para la industria frutícola exportadora, se ha transformado en un riesgo directo para la continuidad de los negocios internacionales, debido a la posibilidad de que frutas, vegetales u otros productos ingresados sin control sanitario transporten plagas capaces de afectar zonas productivas y modificar las condiciones de acceso a los mercados.

En ese contexto, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por la introducción ilegal de enfermedades animales y plagas vegetales, fortaleciendo además las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de delitos.

Uno de los cambios más relevantes es que ya no sería necesario que una plaga o enfermedad alcance a propagarse para que exista responsabilidad penal.

La iniciativa establece sanciones para quien introduzca de manera deliberada e ilícita una plaga vegetal o enfermedad animal, aun cuando esta sea detectada antes de expandirse.

Para la industria frutícola, la modificación resulta especialmente relevante, considerando que la detección temprana de una plaga cuarentenaria puede ser suficiente para activar medidas de emergencia, vigilancia intensiva y restricciones territoriales.

El riesgo comercial detrás de una plaga

Para un exportador de fruta, la aparición de una plaga cuarentenaria puede modificar rápidamente el escenario operacional.

Dependiendo de la especie, la zona afectada y el mercado de destino, una detección puede derivar en tratamientos adicionales, cambios en los protocolos de exportación, mayores exigencias de inspección, restricciones de movimiento o incluso suspensión temporal de envíos desde determinados territorios.

Estos efectos pueden traducirse en mayores costos logísticos y operacionales, además de reducir los retornos de la fruta.

El problema adquiere aún más relevancia en períodos de alta concentración de cosechas, cuando las empresas trabajan con programas comerciales previamente comprometidos y ventanas específicas de abastecimiento.

Mosca de la fruta

Entre las principales preocupaciones de la industria se encuentra la mosca de la fruta, especialmente Ceratitis capitata, considerada una de las plagas de mayor impacto económico para la fruticultura.

Su presencia obliga a implementar campañas de control y erradicación, establecer áreas reglamentadas y, dependiendo de los protocolos acordados con cada mercado, incorporar tratamientos cuarentenarios.

Para una empresa exportadora, estas medidas pueden significar mayores costos, retrasos y exigencias adicionales antes de despachar la fruta.

El problema ha cobrado especial relevancia durante los últimos años debido a la aparición de focos en distintas zonas del país y a la preocupación existente respecto del ingreso clandestino de productos agropecuarios por pasos no habilitados.

 

Más facultades para el SAG y sanidad como ventaja competitiva

El proyecto también busca fortalecer el rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo responsable de proteger el patrimonio fito y zoosanitario del país.

Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de que el servicio pueda presentar querellas por delitos vinculados con la introducción o propagación de plagas y enfermedades.

El fortalecimiento de las capacidades de fiscalización constituye un punto especialmente relevante para la industria exportadora, considerando que el SAG es la autoridad encargada de certificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por los mercados de destino.

La credibilidad de estos sistemas constituye uno de los principales activos de Chile en las negociaciones internacionales.

Chile ha construido durante décadas una posición internacional asociada a su condición sanitaria y a la capacidad de cumplir protocolos exigentes.

Ese patrimonio ha permitido abrir y mantener mercados para cerezas, uvas, cítricos, arándanos, kiwis, carozos y otras frutas.

Sin embargo, esa ventaja requiere vigilancia permanente.

Cuando se detecta una plaga de importancia cuarentenaria, los países compradores pueden solicitar información adicional, aumentar los controles o modificar las condiciones bajo las cuales reciben determinados productos.

Por ello, el riesgo fitosanitario no debe ser entendido solamente como un problema agrícola, sino también como un factor de competitividad comercial.

 

Contrabando y riesgo sanitario

Uno de los antecedentes que ha impulsado la discusión legislativa es el crecimiento de las incautaciones de productos agropecuarios ingresados clandestinamente.

Estos productos pueden entrar al país sin certificaciones de origen, sin trazabilidad y sin haber sido sometidos a los controles sanitarios que exige Chile.

El riesgo es especialmente sensible en frutas y vegetales frescos, capaces de transportar insectos, larvas, patógenos u otros organismos que no están presentes en el territorio nacional o cuya presencia se encuentra bajo control oficial.

Para la industria exportadora, la preocupación radica en que una introducción ilegal puede generar consecuencias que posteriormente terminan siendo asumidas por toda la cadena productiva.

El impacto de una emergencia fitosanitaria no termina en el predio. Las exportadoras pueden enfrentar mayores gastos asociados a segregación de fruta, certificaciones adicionales, tratamientos de frío, fumigaciones u otros procedimientos exigidos por determinados destinos.

También pueden generarse modificaciones en las rutas logísticas o restricciones para utilizar fruta proveniente de áreas reguladas.

En una industria donde márgenes, tiempos de tránsito y condición de llegada son determinantes, cualquier exigencia adicional puede afectar la competitividad frente a otros países proveedores.

Proteger la confianza de los mercados

El proyecto deberá continuar ahora su tramitación legislativa en el Senado. Mientras eso ocurre, para la industria exportadora el debate instala nuevamente una preocupación de fondo: proteger el patrimonio sanitario no es solo proteger los huertos, sino también proteger los mercados abiertos para la fruta chilena.

En un escenario internacional cada vez más competitivo, donde compradores exigen trazabilidad, sanidad y cumplimiento de protocolos, evitar la entrada de plagas resulta tan estratégico como abrir nuevos destinos.

 

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