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66 mil comentarios recibió consulta pública sobre el proyecto de comercialización de semilla corriente del SAG

  • El proceso realizado por el SAG se  convirtió en una de las instancias de participación más amplias del organismo estatal.

 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dio a conocer el informe de resultados y respuestas a las observaciones presentadas durante la consulta pública del proyecto de resolución que busca establecer los nuevos requisitos para la comercialización de semilla corriente y derogar la Resolución Exenta N.° 3.080 de 2022.

El proceso participativo, llevado a cabo entre el 8 de junio y el 10 de agosto, alcanzó una concurrencia histórica: se registraron más de 66 mil comentarios provenientes de organizaciones y personas de todo el país.

 

Análisis de los planteamientos ciudadanos

A través de una revisión técnica y jurídica, el equipo del SAG clasificó los comentarios e identificó 173.351 menciones temáticas debido a que una misma observación solía abordar múltiples materias (promediando 2,61 temas por participante)

Las materias analizadas fueron agrupadas en 27 categorías, concentrándose la mayor cantidad de inquietudes en:

  • La exclusión de semillas campesinas, criollas y tradicionales de la Lista de Variedades Oficialmente Descritas (LVOD)
  • La definición jurídica de «comercio» y la delimitación de quiénes son considerados comerciantes de semillas
  • El resguardo de las prácticas tradicionales y ancestrales de intercambio de semillas
  • Temas ligados a soberanía alimentaria, biodiversidad, fiscalización, trazabilidad y consulta indígena

Próximos pasos y estado de la normativa

El SAG precisó que estas respuestas institucionales fueron sistematizadas por grupos temáticos y ya se encuentran publicadas en la sección de Consultas Públicas de su sitio web oficial.

Asimismo, la entidad aclaró que el proyecto regulatorio se mantiene en fase de elaboración y no genera efectos jurídicos obligatorios hasta que cuente con la aprobación de la autoridad competente. Los resultados de este proceso servirán de base para incorporar ajustes de redacción, delimitar con mayor precisión el alcance de la norma, asegurar la certeza jurídica y evaluar requisitos técnicos y administrativos más proporcionales.

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