Los envíos de arándanos y otros productos hortofrutícolas procedentes de países fuera de la Unión Europea podrían enfrentar un escenario adverso en las fronteras británicas. El Fresh Produce Consortium (FPC) advirtió que las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas para lograr un nuevo acuerdo sanitario y fitosanitario (SPS) amenazan con imponer mayores exigencias, demoras logísticas y sobrecostos a los alimentos importados que abastecen el mercado de las islas.
La inquietud del sector se produce en un contexto de fuerte expansión de la demanda interna. Durante 2025, el Reino Unido importó 82.630 toneladas de arándanos frescos, lo que representó un incremento cercano al 15% respecto a las 71.800 toneladas registradas el año anterior. Este consumo depende directamente de una cadena de suministro internacional continua que articula ventanas comerciales de orígenes como Marruecos —cuyos despachos crecieron un 44% en su última campaña hasta rozar las 19.000 toneladas—, además de Perú, Chile y Sudáfrica.
El punto central de la preocupación radica en la posibilidad de que el Reino Unido adopte un alineamiento normativo dinámico con los estándares europeos para el comercio extracomunitario. Frente a ello, el FPC solicita formalmente una exención de largo plazo para las frutas y hortalizas destinadas exclusivamente al consumo británico. Desde la entidad argumentan que el esquema actual de controles basados en riesgo y evaluación científica opera con una tasa de cumplimiento del 99,5% en frontera, lo que demuestra su eficacia sin necesidad de replicar mecánicamente las trabas burocráticas del bloque comunitario.
Para los arándanos frescos, un producto altamente perecedero, el impacto del endurecimiento regulatorio excede lo económico y golpea la vida útil de la fruta. Al arribar a destino, una parte considerable de la poscosecha ya se ha consumido en las etapas de transporte internacional, por lo que cualquier retraso por revisiones adicionales e inspecciones físicas mermaría el tiempo de comercialización en los anaqueles, multiplicando las pérdidas, los desperdicios y complicando los programas de abastecimiento minorista.
A nivel global del sector importador, el FPC calcula que las certificaciones extraordinarias, tarifas oficiales e inspecciones podrían generar un sobrecosto superior a los 300 millones de libras esterlinas al año sobre los cuatro millones de toneladas de productos frescos extracomunitarios que ingresan anualmente al país. Esta carga económica adicional perjudicaría especialmente a los pequeños importadores y proveedores, restando dinamismo, competencia y alternativas de suministro a la canasta británica.
Ante la proximidad de la cumbre bilateral fijada para el 20 de noviembre en Bruselas, el consorcio instó al gobierno británico a incorporar a la industria antes de cerrar cualquier esquema regulatorio definitivo. Nigel Jenney, director ejecutivo de la organización gremial, enfatizó que la cadena de suministro internacional no es opcional sino indispensable para la seguridad alimentaria nacional, asegurando que el sector respalda una actualización razonable de las relaciones con la Unión Europea, pero no a expensas de la viabilidad del abastecimiento hortofrutícola del país.
