El gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, desarrollada el día de ayer, destacando que el patrimonio fitosanitario de Chile es una de las bases competitivas estratégicas para el primer sector exportador no cobre del país .
En la oportunidad, el profesional entregó la visión del sector frutícola de exportación del proyecto de ley que “Modifica el Código Penal, en materia de internación al territorio nacional de enfermedades, animales o plagas vegetales”, boletín N° 16.777-07 (S), y que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional. La sesión conto, además, con las intervenciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, el director nacional del SAG, Domingo Rojas y Margot Ríos, presidente Consejo Asesor Regional de Indap en Arica y Parinacota.
En su intervención, el representante de Frutas de Chile enfatizó en que el ingreso ilegal de productos alimenticios y agrícolas al país ha tenido un efecto negativo para la seguridad fitosanitaria de Chile, propiciando un aumento en la presencia de plagas y enfermedades que, en algunos casos, como la mosca de la fruta, son plagas definidas como cuarentenarias para ciertos países de destino de las frutas frescas chilenas, generando costos para el Estado y el sector privado, producto de la implementación de medidas de mitigación para la exportación.
En este sentido, Canala-Echeverría destacó que «el estatus de ´país libre de moscas de la fruta´ ha sido la llave maestra para la apertura de mercados internacionales durante décadas, por lo que, debe ser defendido por el país, implementando los cambios legislativos necesarios y acordes a la actual situación. No se trata de un fenómeno aislado, sino que responde directamente al debilitamiento de los controles fronterizos y al auge del contrabando de productos agrícolas por pasos no habilitados», aseveró.
Frente a este escenario, el gerente general del gremio planteó la necesidad urgente de modernizar el marco jurídico nacional para enfrentar las nuevas modalidades de comercio ilícito. Explicó que la propuesta central de Frutas de Chile apunta a una modificación estructural del Código Penal que permita crear la figura delictiva de «internación de plagas», castigando con rigor a quienes introduzcan especies que comprometan la sanidad vegetal del país. Asimismo, se solicitó ampliar el concepto de mercancía peligrosa para incluir pesticidas no autorizados y material biológico ilegal, estableciendo agravantes que hoy no están contemplados por la legislación vigente.
Finalmente, Canala-Echeverría hizo un llamado a fortalecer las capacidades operativas y legales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En esta material, el gremio propuso que la institución cuente con la potestad de interponer querellas criminales y que se aplique un incremento sustantivo en los montos de las multas para que éstas cumplan un rol disuasivo real, confiscación de medios de transporte, entre otras facultades. Para el dirigente, la celeridad en la tramitación de estas reformas legislativas es fundamental, ya que, de ello «depende la sostenibilidad de una industria que sustenta miles de empleos y el desarrollo económico de las zonas rurales de Chile»
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