La disponibilidad de agua dejó de ser únicamente un asunto climático o productivo. Para el economista Felipe Larraín, director de CLAPES UC, se trata de un problema económico de primera magnitud que puede definir cuánto crecerá la agricultura chilena, cuántos empleos será capaz de generar y qué tan competitiva podrá seguir siendo la oferta exportadora nacional.
Ese fue uno de los mensajes centrales de su presentación en Enagro 2026, donde expuso los principales resultados de un estudio desarrollado durante cerca de un año sobre la relación entre agua, crecimiento, empleo e infraestructura en Chile.
“El tema del agua es un problema económico de primer orden para Chile”, afirmó Larraín al iniciar su exposición. A su juicio, la discusión ha recibido menos atención de la necesaria, pese a que el país enfrenta una condición estructural de estrés hídrico.
La advertencia cobra especial relevancia para el agro y la fruticultura exportadora, sectores que dependen directamente de la disponibilidad hídrica para sostener producción, calidad, calibres, productividad y continuidad de sus inversiones.
Según los antecedentes presentados, Chile ocupa el lugar 16 entre 164 países en mediciones de estrés hídrico y se encuentra dentro del grupo de naciones con condición extrema.
Larraín subrayó que Chile es el único país de América en esa situación.“Somos el único de América que está en esta situación de estrés”, señaló.
El problema no es aislado. A escala mundial, cerca de 25 países enfrentan estrés hídrico extremo y más de 2.000 millones de personas viven en ellos. Otros 4.000 millones se encuentran sometidos a condiciones de estrés hídrico alto.
La presión se produce además en un contexto de cambio climático. La exposición recordó que entre 2015 y 2024 se registró la década más cálida desde que existen registros confiables y que el cambio climático está reduciendo las reservas globales de agua dulce. El 52% de la superficie terrestre habría alcanzado mínimos de almacenamiento de agua entre 2015 y 2023 y la frecuencia y duración de las sequías aumentó 29%.
Uno de los elementos centrales del diagnóstico apunta a la distribución territorial del recurso.“Chile tiene agua. Pero no donde más se usa”, sostuvo Larraín.
De acuerdo con la exposición, desde Arica hasta la Región Metropolitana existe una situación de exceso de demanda proyectada hacia 2030, mientras desde O’Higgins hacia el sur se observa una mayor disponibilidad relativa.
El problema es que trasladar esa agua desde las zonas de mayor oferta hacia aquellas de mayor demanda resulta extremadamente complejo.
A este desequilibrio se suma la caída sostenida de precipitaciones en la zona central y una megasequía que se extiende desde 2007. Larraín enfatizó que un año lluvioso o un temporal puntual no modifica una tendencia de largo plazo.
“Un solo año no hace cambiar esta situación”, advirtió.
El escenario hídrico se cruza además con un aumento de las temperaturas. La presentación mostró que las olas de calor han aumentado desde 2011 y alcanzaron un récord de 129 eventos durante la temporada 2022-2023.
Para la agricultura, estas condiciones significan mayor evaporación, mayor demanda de riego, estrés térmico y mayores riesgos sobre rendimiento y calidad de la fruta.
En un sector como la fruticultura, donde los proyectos productivos se diseñan para décadas, la certeza sobre disponibilidad de agua se vuelve tan importante como la genética, los mercados o la infraestructura de exportación.
La agricultura es el principal usuario de agua en Chile. Según las cifras presentadas, concentra alrededor de 72% del uso consuntivo del país, mientras el consumo humano representa cerca de 11%.
Este dato adquiere una importancia particular cuando se cruza con la evolución de las exportaciones.
Larraín destacó que desde 2010 el sector agropecuario, silvícola y pesquero es el que más ha aumentado el valor de sus exportaciones, más que duplicándolas, mientras las exportaciones industriales crecieron 49% y las mineras 29%.
El agua, por lo tanto, se transforma en un factor decisivo para sostener ese crecimiento.
El propio economista lo resumió señalando que se ha convertido en un “cuello de botella” para expandir la agricultura, diversificar la oferta exportadora y contribuir a la recuperación de la economía nacional.
Uno de los datos más significativos de la exposición apunta al impacto económico directo del agua.El PIB agropecuario ampliado —que considera no solo la producción directa, sino también los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás— superaba los US$12 mil millones en 2022 y representaba más de 4% del PIB nacional.
De esa cifra, aproximadamente US$6.200 millones dependen directamente del agua.
Larraín explicó que el estudio estimó una función de producción incorporando capital, trabajo y agua, concluyendo que cerca de la mitad del PIB agrícola tiene una relación directa con la disponibilidad hídrica. “Tenemos que 6.200 millones de dólares dependen directamente del agua”, señaló durante su presentación.
La exposición entregó además una estimación concreta sobre lo que podría significar aumentar la disponibilidad hídrica.
Según el análisis, 1.000 millones de metros cúbicos adicionales de agua podrían elevar el PIB agropecuario entre 4% y casi 9%.
Ese volumen equivale aproximadamente al 7,7% de la capacidad actual de almacenamiento en embalses y podría generar cerca de 33 mil nuevos empleos.
El dato refuerza la idea central de la exposición: el agua no es únicamente una variable productiva, sino también una palanca de crecimiento económico, empleo e inversión.
Para responder a la escasez hídrica, CLAPES UC analizó las experiencias de cuatro territorios: Australia, California, Israel y Perú.
Pese a sus diferencias, en todos aparece un patrón común: mayor capacidad de almacenamiento, nuevas fuentes de agua y planificación de largo plazo.
Australia respondió a las sequías mediante grandes embalses, mercados de agua, desalación y reciclaje. California ha desarrollado sistemas de embalses y canales. Israel ha apostado por la desalación a gran escala, el reúso de aguas residuales y el riego por goteo.
En el caso israelí, desalación y reúso aportan casi la mitad del suministro hídrico.
El país cuenta con cinco grandes plantas desaladoras, reutiliza 87% de las aguas residuales tratadas en agricultura y aproximadamente 75% de su riego se realiza mediante goteo.
Una de las conclusiones positivas del estudio es que Chile presenta un buen nivel de tecnificación del riego en comparación con otros países.
Según Larraín, cerca del 59% de la superficie regada utiliza sistemas tecnificados, cifra superior a Perú, con 12%, y Australia, con 41%. Solo Israel aparece claramente por encima.
Por ello, el diagnóstico apunta a que el gran salto pendiente está en almacenamiento y diversificación de fuentes.
Entre las principales lecciones identificadas están la desalación donde la geografía lo permita, almacenamiento a gran escala, recarga de acuíferos, financiamiento de largo plazo y planificación con varios años de anticipación.
La propuesta central del estudio es clara: Chile debe almacenar más agua. “Almacenamiento es la prioridad”, afirmó Larraín.
Los embalses permiten guardar agua durante los períodos de abundancia para utilizarla cuando llega la sequía.Además, cumplen múltiples funciones: riego, abastecimiento de agua potable, generación eléctrica y control de crecidas.
La lógica, planteó el economista, es similar a la de ahorrar durante los buenos años para enfrentar los períodos de escasez.
Sin embargo, el país todavía almacena poco. A fines de 2023 los embalses se encontraban en promedio en torno al 41,5% de su capacidad, mientras 88% de los embalses monitoreados habría presentado déficit durante el período 2015-2023.
El estudio no plantea a los embalses como una solución única.Entre las medidas complementarias aparecen la tecnificación del riego, el reúso de aguas tratadas y la desalación.
Larraín sostuvo que parte de las aguas tratadas que actualmente son descargadas al mar podrían ser aprovechadas, especialmente para usos productivos.
Respecto de la desalación, reconoció su potencial, pero advirtió que tiene limitaciones económicas cuando el agua debe ser transportada hacia zonas interiores.“Mientras más adentro esté usted, más difícil y más costoso es”, explicó.
Uno de los puntos más críticos de la presentación estuvo en la velocidad con que Chile ejecuta su infraestructura.Según Larraín, en 2015 existía un plan para desarrollar 38 embalses, pero once años después solo tres habían sido inaugurados.
La cifra fue utilizada para ilustrar lo que considera uno de los principales problemas del país: no basta con saber qué obras se necesitan, si estas no se ejecutan oportunamente.
“El problema no es saber qué construir”, enfatizó. El embalse Convento Viejo, por ejemplo, fue adjudicado en 2005 y alcanzó su servicio definitivo en 2020. La Punilla fue adjudicada en 2016 y nueve años después enfrentó una licitación sin ofertas.
El mismo problema aparece en materia de desalación.Según los datos presentados, una planta desaladora puede tardar en Chile más de 11 años, de los cuales cerca de nueve corresponden a procesos de permisos.
En Israel, en cambio, el plazo desde que se toma la decisión hasta que comienza el suministro fluctúa entre cinco y siete años.
Para Larraín, la permisología se ha transformado en un lastre para la inversión, aunque reconoció avances recientes en materia de permisos sectoriales.
Frente a las dificultades para financiar y ejecutar grandes obras, CLAPES UC plantea avanzar en el uso del sistema de concesiones.
Chile acumula más de US$30 mil millones en proyectos concesionados en carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y otras infraestructuras.
Larraín destacó como ventajas potenciales la disciplina en plazos y costos, la transferencia de riesgos de construcción al concesionario, mejores estándares de mantención y la posibilidad de incorporar cofinanciamiento de los usuarios.
Sin embargo, advirtió que una concesión no significa automáticamente ahorro fiscal.
Si el Estado termina financiando completamente el proyecto mediante subsidios, el efecto fiscal puede ser similar al de una inversión pública tradicional.
La clave, explicó, es avanzar hacia esquemas donde exista algún grado de cofinanciamiento por parte de quienes utilizarán el agua.
Para la agricultura y especialmente para la fruticultura, la infraestructura de agua no entrega solamente disponibilidad.
Entrega certeza.“Lo que aquí se quiere no es solamente tener disponibilidad de agua, sino certeza”, sostuvo Larraín.
Ese concepto resulta clave para productores frutícolas que deben decidir hoy plantaciones que estarán produciendo durante 20 o 30 años.Sin una expectativa razonable de disponibilidad futura de agua, esas inversiones pierden viabilidad.
El análisis también extrae lecciones de experiencias fallidas con embalses concesionados. Chile ha licitado cinco proyectos bajo esta modalidad: uno está operativo, dos fueron extinguidos, uno está suspendido y otro quedó sin ofertas.
Larraín plantea que, para mejorar los resultados, los proyectos deben llegar a licitación suficientemente preparados y con una demanda comprometida.
Eso implica avanzar con contratos de suministro con usuarios, no solamente manifestaciones de interés, y distribuir adecuadamente los riesgos entre el Estado y el concesionario.
Hacia el cierre de su exposición, el economista llevó el diagnóstico a un plano más urgente.Chile enfrenta una escasez estructural marcada por estrés hídrico extremo, menor precipitación y mayores temperaturas.
“Tenemos otra emergencia. Es una emergencia que puede no sentirse hoy, en este año, pero que la vamos a sentir en el tiempo”, afirmó.
Su conclusión se resume en cuatro ejes: reconocer la escasez estructural, asumir que el agro necesita agua, colocar el almacenamiento como eje de la solución y ejecutar las inversiones a tiempo.
Embalses, desalación, reúso, tecnificación y recarga de acuíferos forman parte del abanico de herramientas, pero el problema central es pasar de los diagnósticos a las obras.
“Más urgente aún que perfeccionar la información es impulsar proyectos de inversión que aseguren el suministro, permitan satisfacer la demanda futura y garanticen la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país”, citó al cerrar su intervención.
Chile ha construido durante décadas una agricultura orientada a mercados externos, con una fuerte presencia de cerezas, uva de mesa, manzanas, kiwis, cítricos, paltas, frutos secos y berries. Sin embargo, el crecimiento futuro de esa plataforma productiva no dependerá únicamente de nuevos mercados, variedades o tecnología.
También dependerá de contar con suficiente agua y, sobre todo, con seguridad de suministro.Larraín fue explícito al vincular la solución hídrica con el desarrollo futuro de la agricultura, la diversificación de las exportaciones, la creación de empleo y las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena.
“Para que la agricultura desarrolle todo su potencial en beneficio del país, en beneficio de las personas, en beneficio de diversificar nuestra oferta exportadora, de dar empleo, de dar oportunidades a todas las pymes (…) necesitamos ocuparnos, no basta preocuparnos”, sostuvo.
Redacción News Frutas de Chile
