La Southern Hemisphere Fruit Alliance (SFA) ha encendido las alarmas ante la propuesta «Food and Feed Omnibus» presentada por la Comisión Europea,(ver aquí) una ambiciosa reforma que busca modificar las reglas del juego en el establecimiento de Límites Máximos de Residuos (LMR) y la comercialización de productos fitosanitarios en el bloque. El conglomerado, que representa a los principales productores y exportadores de fruta fresca de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Perú, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue, advirtió que la iniciativa amenaza con transformarse en un laberinto de barreras no arancelarias e incertidumbre técnica para los proveedores internacionales.
La preocupación no es menor si se considera la escala del intercambio comercial. Solo durante 2025, los países miembros de la alianza enviaron más de 2,6 millones de toneladas de frutas frescas de clima templado a la Unión Europea. Esta cifra no solo refleja la consolidación del hemisferio sur como un socio estratégico y de confianza por décadas, sino que también la profunda dependencia del mercado europeo para asegurar el abastecimiento en contraestación y satisfacer la demanda interna de sus consumidores de manera continua.
El núcleo de la discrepancia radica en un giro conceptual que propone el Ejecutivo europeo. La Comisión evalúa incorporar un criterio basado en el «peligro» intrínseco de las sustancias químicas en lugar del tradicional enfoque basado en el «riesgo» real para el consumidor. Bajo esta nueva premisa, Bruselas podría rebajar los LMR al «cero técnico» (límite de cuantificación) para ciertos compuestos no autorizados en suelo europeo, incluso si estos cuentan con el respaldo de las normativas internacionales del Codex Alimentarius o de buenas prácticas agrícolas en los países de origen.
Por ello, desde la SFA señalan que «esta medida introduce una enorme complejidad e imprevisibilidad, distorsionando los flujos comerciales sin aportar una mejora real a la seguridad alimentaria, la cual ya está resguardada con los parámetros vigentes».
La Alianza defienden que la realidad agronómica del hemisferio sur responde a dinámicas climáticas y ecosistemas muy distintos a los del Viejo Continente. «Los productores de estas latitudes enfrentan desafíos fitosanitarios específicos, presiones de plagas agresivas y especies invasoras que muchas veces no existen en Europa. Restringir de forma drástica las herramientas de protección de cultivos —tanto químicas como biológicas—, en un contexto ya agravado por el cambio climático y la resistencia de las plagas, dejaría a los agricultores desarmados para proteger sus cosechas. Las repercusiones de un escenario de este tipo golpearían directamente al empleo, la producción y el desarrollo económico en regiones donde la fruticultura funciona como un motor social indispensable», sostiene la SFA en su carta de comentarios entregada a la Comisión Europea.
Frente a este panorama, la SFA instó a la Unión Europea a mantener el rigor científico y el riesgo dietético como los únicos ejes rectores en la fijación de tolerancias de residuos, rechazando que estas normativas se utilicen como mecanismos de regulación ambiental extraterritorial. Asimismo, el gremio solicitó que cualquier ajuste en los límites respete plazos previsibles y contemple periodos de transición adecuados que tomen en cuenta la estacionalidad de los cultivos y los tiempos de la naturaleza. De esta forma, se evitarían rechazos innecesarios de carga en los puertos que dañan la economía agraria y agravan el desperdicio mundial de alimentos, permitiendo que la producción del sur siga complementando de forma segura la mesa de los ciudadanos europeos.
Químicos
En el caso específico de los fitosanitarios, la SFA indicó: «Todos nuestros países miembros participan activamente en el Marco Global sobre Productos Químicos de las Naciones Unidas y están comprometidos a eliminar gradualmente los productos químicos más peligrosos en la agricultura para 2035, según la Meta A7 del Marco». De hecho, explica la agrupación que para 2035, las partes interesadas habrán adoptado medidas eficaces para eliminar gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura cuando los riesgos no hayan sido gestionados y cuando se disponga de alternativas más seguras y asequibles, y para promover la transición hacia esas alternativas y ponerlas a disposición.
Por lo mismo, la Alianza precisa que la UE debería permitir que cada país gestione este proceso de eliminación gradual de acuerdo con sus circunstancias, capacidades y prioridades nacionales», incluyendo además de la mirada de la salud humana y los impactos y costos ambientales, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y los impactos del cambio climático. «Al utilizar los LMR para imponer restricciones al uso de ciertas sustancias activas en países fuera de la UE, la Unión Europea estaría, de hecho, suplantando el Marco Global sobre Productos Químicos de las Naciones Unidas, el cual ella misma acordó en septiembre de 2023», sostiene la SFA, agregando que si bien apoyan los esfuerzos regulatorios en pos de avanzar hacia sustancias de biocontrol y facilitar su comercialización. «Las opciones de biocontrol son altamente sensibles a factores de estrés como la temperatura, la humedad y la luz, y por lo tanto requieren condiciones ambientales muy específicas para una aplicación exitosa. Por lo tanto, las sustancias de biocontrol deben considerarse como complementarias a los instrumentos químicos, no como sustitutos», cerró.
Redacción News Frutas de Chile
