La modernización de la fruticultura y del agro chileno ya no estará determinada únicamente por la eficiencia productiva, la incorporación de tecnología, la automatización del riego, la trazabilidad o la capacidad exportadora. A partir del 1 de diciembre de 2026, con la entrada en vigencia de la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, el sector agrícola y frutícola deberá enfrentar una nueva exigencia: gestionar de manera segura, trazable y responsable la información de trabajadores, proveedores, contratistas, clientes y procesos productivos.
La nueva normativa representa un cambio profundo para la agroindustria, especialmente para un sector que opera con altos volúmenes de información durante las temporadas de cosecha, embalaje, logística y exportación. En la práctica, las empresas del campo no solo administran fruta, insumos, maquinaria y mano de obra. También manejan datos personales, laborales, bancarios, biométricos y, en algunos casos, información sensible vinculada a salud ocupacional, prevención de riesgos o aplicación de fitosanitarios.
Este escenario instala un nuevo estándar para agrícolas, exportadoras, packings, centrales frutícolas, empresas de servicios, contratistas y proveedores tecnológicos, que deberán revisar cómo recolectan, almacenan, comparten y protegen la información que circula en sus operaciones.
El impacto de la Ley 21.719 en el agro no será marginal. La actividad agrícola y frutícola depende de una compleja red de información que se genera desde el predio hasta el puerto de destino.
En una temporada normal, una empresa puede manejar bases de datos de trabajadores permanentes y temporales, registros de asistencia, contratos, pagos, cuentas bancarias, fichas de salud, certificaciones laborales, información de proveedores, antecedentes de contratistas, datos de transporte, reportes de trazabilidad, registros de control de calidad, pesaje, embalaje y despacho.
En muchos casos, estos datos circulan entre sistemas internos, planillas Excel, aplicaciones móviles, plataformas de recursos humanos, softwares de packing, servicios en la nube y terceros que prestan servicios administrativos, logísticos o tecnológicos. Esa realidad, que hasta ahora muchas veces ha funcionado con distintos niveles de informalidad digital, comenzará a estar bajo una exigencia legal mucho más estricta, señala el gerente comercial de Enovatech e ingeniero experto en ciberseguridad y energía, Alonso Bermúdez.
La nueva ley establece principios como licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, transparencia, confidencialidad y responsabilidad. Para el agro, esto implica que las empresas deberán ser capaces de demostrar que tienen control sobre la información que tratan y que aplican medidas adecuadas para evitar pérdidas, filtraciones, accesos no autorizados o usos indebidos.
Uno de los mayores focos de riesgo para el sector está en la gestión de cuadrillas y trabajadores temporales. Durante los peaks de cosecha, especialmente en frutales de alta demanda de mano de obra, una exportadora o agrícola puede gestionar cientos o miles de antecedentes personales en pocos días.
Cédulas de identidad, contratos, datos de pago, certificados, información previsional, antecedentes de asistencia y registros de producción pueden quedar alojados en carpetas compartidas, correos electrónicos, computadores locales o plataformas sin suficientes controles de acceso.
De acuerdo con el análisis entregado Bermúdez, «una situación crítica podría ocurrir cuando una exportadora mediana contrata a más de 500 trabajadores temporales a través de un intermediario y la documentación queda almacenada en un servicio en la nube sin credenciales robustas ni encriptación. Un ataque de phishing contra la cuenta del administrador podría derivar en la filtración de documentos, datos bancarios y contratos, exponiendo a la empresa a sanciones, reclamos y pérdida de confianza».
En este tipo de casos, el problema no sería solo tecnológico. También habría un impacto laboral, reputacional y comercial, especialmente si los datos filtrados terminan siendo utilizados para suplantación de identidad o fraude.
Otro punto relevante para el agro es el tratamiento de datos sensibles. La información vinculada a salud ocupacional, aptitud laboral, aplicación de plaguicidas, manejo de maquinaria pesada o prevención de riesgos requiere mayores niveles de protección.
En una empresa productora de arándanos, por ejemplo, un ataque de ransomware que bloquee servidores locales podría impedir el acceso a fichas médicas de operarios, registros de aplicadores de fitosanitarios o antecedentes necesarios para cumplir auditorías. En ese escenario, la afectación no se limitaría a la pérdida de información: también podría comprometer la continuidad operacional, la certificación de procesos y la capacidad de responder frente a clientes o autoridades.
Según el gerente comercial de Enovatech, las brechas de seguridad y la pérdida de datos no solo pueden derivar en sanciones financieras, sino también erosionar la confianza con certificadoras internacionales y compradores de mercados exigentes como Europa y Estados Unidos.
Para el sector agroexportador, este punto es especialmente sensible. La competitividad de la fruta chilena depende de cumplir estándares de inocuidad, trazabilidad, sustentabilidad, calidad, seguridad laboral y responsabilidad empresarial. La protección de datos comienza a sumarse a esa matriz de exigencias.
La trazabilidad ha sido uno de los grandes avances de la agroindustria chilena. Sin embargo, con la nueva regulación, no bastará con registrar cada etapa productiva o comercial. También será necesario asegurar que los datos vinculados a esos procesos estén bien resguardados.
El acceso no autorizado a un software de pesaje, control de calidad o gestión de packing podría constituir una vulneración relevante si involucra información personal o permite identificar a trabajadores, proveedores, transportistas o clientes. Lo mismo puede ocurrir con planillas de liquidaciones de sueldo, bases de datos de temporeros, registros biométricos de asistencia o documentos compartidos entre empresa principal y contratistas.
La ley también contempla el deber de reportar vulneraciones de seguridad a la Agencia de Protección de Datos Personales cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares. En el caso de datos sensibles, financieros, bancarios, comerciales o vinculados a niños y niñas, también puede corresponder la comunicación a las personas afectadas.
Esto obligará a las empresas agrícolas a contar con protocolos internos, responsables definidos, respaldo de información, controles de acceso, planes de respuesta ante incidentes y mecanismos claros para documentar lo ocurrido.
La Ley 21.719 clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas. Las sanciones pueden incluir amonestaciones, multas y medidas correctivas. En los casos más graves, la normativa establece multas que pueden llegar a 20.000 UTM, con aumentos en situaciones de reincidencia. Para empresas que no sean de menor tamaño y reincidan en infracciones graves o gravísimas, las multas pueden alcanzar porcentajes de los ingresos anuales por ventas y servicios.
Más allá del monto económico, el cambio central está en la responsabilidad demostrada. Es decir, las empresas deberán ser capaces de acreditar que adoptaron medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos que manejan.
Para el agro, esto implica pasar de una lógica reactiva a una preventiva. No bastará con actuar después de una filtración o pérdida de información. Será necesario anticipar los riesgos, mapear los datos, revisar contratos con terceros, capacitar equipos y establecer modelos de cumplimiento.
La entrada en vigencia de la normativa abre una oportunidad para que el sector agrofrutícola ordene su gestión digital. El primer paso será identificar qué datos se recolectan, quién los administra, dónde se almacenan, con qué finalidad se usan, cuánto tiempo se conservan y qué terceros tienen acceso.
En un packing, por ejemplo, la revisión debería incluir sistemas de asistencia, control de ingreso, cámaras, softwares de producción, nóminas de trabajadores, bases de datos de proveedores, documentos laborales y plataformas de despacho. En una agrícola, el análisis debería considerar la información generada en predios, oficinas administrativas, aplicaciones móviles, contratistas, asesores y empresas externas.
También será clave revisar contratos con prestadores de servicios. Si un tercero administra remuneraciones, control de asistencia, selección de personal, plataformas tecnológicas o almacenamiento en la nube, la empresa deberá establecer claramente las obligaciones de tratamiento, seguridad, confidencialidad y devolución o eliminación de datos.
Frente a este nuevo escenario, Enovatech plantea una estrategia orientada a acompañar a empresas agrícolas y agroindustriales en el cumplimiento de la Ley 21.719, considerando que la realidad operativa de un predio, un packing o una exportadora es distinta a la de una oficina corporativa tradicional.
La propuesta considera partir con un diagnóstico integral y un mapeo de datos, identificando dónde se origina, almacena y procesa la información personal dentro de la cadena productiva. A partir de ese levantamiento, se pueden definir planes de mitigación que incluyan seguridad perimetral, gestión de accesos, respaldos, políticas de privacidad, protocolos de respuesta ante incidentes y capacitación del personal administrativo y de campo.
El objetivo es que la adopción tecnológica no sea vista solo como una exigencia legal, sino también como una herramienta de continuidad operacional, protección reputacional y competitividad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes.
La Ley 21.719 marca un antes y un después para el agro chileno. Si hasta ahora la conversación digital del sector se concentraba principalmente en productividad, eficiencia, riego, sensores, trazabilidad o automatización, desde diciembre de 2026 la protección de datos personales entrará de lleno en la agenda de gestión.
Para una industria que depende de trabajadores temporales, contratistas, certificaciones, compradores internacionales y cadenas logísticas complejas, la seguridad de la información dejará de ser un tema exclusivamente tecnológico. Será un asunto de cumplimiento, confianza y permanencia en los mercados.
Redacción News Frutas de Chile.-
