En esta entrevista realizada por Frutas de Chile a la ministra de Agricultura de Chile, María Ignacia Fernández, el mensaje es arrancar esta temporada con certezas, con dar continuidad y urgencia en diferentes materias. En el frente legislativo, prioriza la ley de prevención y mitigación de incendios forestales y el fortalecimiento del control de ingresos ilegales de productos agrícolas en frontera; y el avance del SIGESS, un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos que pone a los productores como protagonistas de la productividad con sustentabilidad.
En el plano operativo, dos focos: combate a la Mosca de la Fruta — para resguardar el estatus de país libre y el acceso a mercados— y condiciones fluidas para la exportación en coordinación estrecha con el SAG y el sector privado.
La nueva institucionalidad forestal (SERNAFOR) se perfila como pieza clave para la prevención y respuesta frente a incendios, con coordinación público-privada y un Plan Nacional específico. En competitividad y mercado, la ministra refrenda la apertura y profundización comercial con Asia, EEUU. y Europa, integrando a la agricultura de pequeña escala mediante encadenamientos y cooperativas. Suma resultados concretos: más de 65 aperturas y facilitaciones desde 2022 como cítricos a México destacándose la reciente apertura para las naranjas chilenas, “Systems Approach” para uva en EEUU y limones a Indonesia, además anuncia aceleración de protocolos y giras de promoción para sostener la tracción.
En cuanto al clima, el foco es eficiencia hídrica y gestión: nueva ley de riego orientada a quienes menos inversión tenían, programas de capacitación y transferencia tecnológica (ERNC, manejo bajo riego) y coordinación con el MOP para embalses y acumulación, con mirada de política de Estado.
Y en cuanto a la sanidad—condición sine qua non de la fruticultura exportadora—se refuerzan capacidades del SAG con presupuesto, un programa “Chile Alimenta el Futuro” con el BID por US$30 millones (fronteras, laboratorios, inteligencia fito-zoo sanitaria) y una ofensiva contra el contrabando con endurecimiento penal y controles carreteros post-frontera.
Todo bajo un principio rector: mesas permanentes público-privadas, normas claras y ejecución coordinada para que Chile no solo siga siendo confiable, sino estratégico en calidad, trazabilidad y sustentabilidad—y para que los US$ 7.043 millones en fruta fresca de la última temporada sean piso, no techo.
Ministra, usted ha señalado que su gestión estará orientada a dar continuidad a proyectos claves como la ley de suelos y otros ¿Cómo se asegura esa continuidad en una cartera tan dinámica, en un contexto donde la fruticultura requiere certeza para planificar las próximas temporadas?
Tenemos prioridades en los dos ámbitos. Por un lado, en materia de la agenda legislativa, nuestro principal énfasis es sacar adelante el proyecto de prevención de incendios forestales. Este nos va a permitir fortalecer la institucionalidad para la prevención, pero también para el control de las emergencias vinculadas a los incendios. Por otra parte, estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Seguridad del Senado en un proyecto para prevenir los ingresos ilegales de productos agrícolas, sobre todo en la frontera norte.
Además, desde el Ministerio hemos impulsado el proyecto de ley que crea el Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS), actualmente en segundo trámite constitucional. Este sistema busca que los productores sean protagonistas en el cuidado de los suelos, combinando sostenibilidad con productividad. Su objetivo es impulsar la adopción de prácticas que permitan mejorar y mantener las propiedades de los suelos agropecuarios y contribuir así a la producción sustentable de alimentos.
En paralelo al trabajo legislativo, nuestra misión y el compromiso que he realizado como ministra es abordar los desafíos propios de la próxima temporada, poniendo como prioridades el combate a la mosca de la fruta y la generación de las condiciones adecuadas para la temporada de exportaciones, en un trabajo conjunto con el sector privado y el SAG.
El sector agrícola, y en particular la fruticultura, se ve fuertemente afectado cada temporada por los incendios forestales. ¿Qué rol jugará el futuro Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) en reforzar la prevención y cómo se coordinará con el mundo privado para minimizar impactos en zonas productivas?
La nueva ley establece funciones y atribuciones claras para el SERNAFOR, incluyendo la necesaria coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (SINAPRED) y el sector privado, reconociendo la importancia de la cooperación público-privada cuando se trata de la protección contra incendios forestales. El SERNAFOR contará con nuevos instrumentos para prevenir y mitigar los incendios forestales, entre ellos, el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres por Incendios Forestales, que permitirá coordinarse con las entidades, tanto públicas y privadas, que cumplen un rol relacionado con la protección contra incendios forestales. Además, el Servicio llevará un registro de las entidades privadas que ejecutan este tipo de actividades, para poder coordinar la gestión a nivel nacional.
Al mismo tiempo, esta nueva institucionalidad permitirá propiciar con mayor fuerza un nuevo marco legal específico en materias forestales, el cual se encuentra en segundo trámite legislativo, esperando que prontamente se concrete y promulgue la ley de prevención y mitigación de incendios forestales.
Frutas de Chile ha planteado como prioridad la apertura y profundización de mercados, junto con el fortalecimiento sanitario y fitosanitario. ¿Qué medidas impulsará en el resto de tiempo que tiene el mandato del Presidente Gabriel Boric, como asegurar relaciones y mantención de competitividad en mercados estratégicos como Asia, Estados Unidos y Europa?
La apertura y diversificación de mercados es una prioridad que compartimos. De hecho, es el eje fundamental de la agenda de competitividad agroexportadora sustentable que ha impulsado el gobierno del presidente Boric. Nuestra prioridad también incorpora ir sumando la agricultura de pequeña escala a las oportunidades que entrega el comercio internacional, ya sea a través de mejores encadenamientos o de venta directa, a través de mecanismos cooperativos y asociativos que permitan generar la escala suficiente, y así apoyar el potencial exportador de los pequeños agricultores. Este es un trabajo que hemos estado haciendo de la mano de ProChile, de Corfo y de otras instituciones.
Para los meses que quedan de gobierno, hemos planteado como principal prioridad asegurar que esta agenda avance, como lo ha hecho hasta ahora, en el control de la mosca de la fruta. Para nosotros es importante que Chile mantenga su estatus de país libre de mosca de la fruta y sabemos que la situación que enfrentamos hoy es un desafío para el ingreso a algunos mercados donde hemos tenido que fortalecer las medidas sanitarias de cara a los brotes que se han encontrado. Por eso, estamos trabajando en una agenda robusta para avanzar en el control, tanto en la protección de nuestras fronteras, como el fortalecimiento de las capacidades del SAG ara el control de los brotes.
Además, queremos seguir consolidando la Agenda de Competitividad Agroexportadora Sustentable. Esta agenda articula instrumentos concretos —aperturas sanitarias y fitosanitarias, giras ministeriales, promoción de exportaciones y nuestra red de agregadurías agrícolas— para enfrentar un entorno más exigente, con mayores certificaciones ambientales y competencia creciente de países vecinos.
Desde 2022 hemos concretado más de 65 aperturas y facilitaciones en 23 mercados, diversificando y agregando valor. Ejemplos: en 2023 el ingreso de cítricos a México; en 2024 systems approach para uva de mesa en Estados Unidos (sin bromuro de metilo) y recientemente, en 2025, la apertura de limones frescos en Indonesia.
Estamos iniciando una nueva temporada frutícola y nuestro compromiso es asumirla con renovado impulso, asegurando las condiciones sanitarias y de acceso necesarias para proyectar con optimismo la campaña que comienza. Para ello vamos a acelerar protocolos pendientes y reforzar la promoción internacional —incluidas las giras ministeriales— porque han demostrado ser claves para abrir mercados y consolidar acuerdos. Nuestro objetivo es que Chile deje de ser solo un proveedor confiable para consolidarse como un actor estratégico en calidad, trazabilidad y sustentabilidad, manteniendo a la fruticultura en la primera línea de los mercados internacionales.
Uno de los grandes desafíos de la fruticultura es la disponibilidad hídrica. ¿Cuál será el énfasis, los planes más inmediatos en materia de uso eficiente del agua y apoyo a tecnologías de riego, especialmente en regiones donde el estrés hídrico amenaza la producción y el empleo agrícola?
En el actual contexto de cambio climático y escasez hídrica, el énfasis está en maximizar la eficiencia del agua disponible, mediante el control, la implementación de tecnologías de riego y la innovación. Este proceso debe ir acompañado de capacitación permanente a las y los agricultores, asegurando que las soluciones técnicas se traduzcan en mejoras reales en la productividad, la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial.
Tenemos una gran valoración del trabajo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) en estos tres años y medio. De partida porque pudimos aprobar una nueva ley de riego, que significa cambios importantes para ir en apoyo de quienes tenían menos inversión en riego tecnificado y menos capacidad de desarrollarlo por su propia cuenta, como es la agricultura de menor escala. También nos ha permitido innovar en los mecanismos a través de los cuales implementamos soluciones de riego energéticamente eficientes. Asimismo, con una modificación de la ley, hemos facultado a la CNR a actuar en condiciones de emergencia, lo que permite enfrentar mejor las situaciones de escasez o exceso de agua, que son las dos caras del cambio climático para las cuales requerimos actuar con celeridad.
La inversión de la CNR durante este gobierno en las zonas más afectadas de escasez hídrica ha sido muy importante y el compromiso es continuarla hasta el final de nuestro gobierno. Hoy tenemos en ejecución un programa de capacitación en gestión del recurso hídrico para los equipos profesionales de las regiones de Atacama y de Coquimbo que busca fortalecer las capacidades de estos equipos para asesorar a las y los agricultores en la promoción de prácticas sostenibles. El programa también les apoya en las postulaciones a los concursos que ofrece la ley de riego, porque una cosa es contar con estos mecanismos y otra es generar las condiciones de acceso a las bonificaciones que la ley entrega.
Otro énfasis que nos hemos propuesto es la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, a través del Consejo de ministros de la CNR, para apoyar todas las obras pendientes, la construcción de embalses y formas de acumulación de aguas. Estas son políticas de Estado que van a trascender este Gobierno. Dejar encaminadas las acciones en ese sentido es algo en lo que hemos estado trabajando con mucha fuerza y para lo cual debiéramos tener buenas noticias en los próximos meses.
En el Norte Chico, la CNR está ejecutando un programa de “Capacitación en gestión del recurso hídrico para profesionales de Atacama y Coquimbo”, que se extenderá durante todo 2025. Incluye cursos virtuales, módulos presenciales en gestión técnica, organizacional, legal, y seminarios. Esta iniciativa fortalece las capacidades de los equipos técnicos que asesoran a las y los agricultores, promoviendo prácticas sostenibles y adaptativas frente a la sequía.
Paralelamente, en las regiones de Maule, Ñuble y La Araucanía, se han iniciado programas de transferencia tecnológica para pequeños productores y productoras, enfocados en el uso eficiente de sistemas de tecnificación, manejo de cultivos bajo riego y operación de equipos con energías renovables (ERNC).
El SAG es una pieza clave para resguardar la sanidad e inocuidad de nuestras exportaciones. ¿Cómo el sector público y el privado puede ayudar a fortalecer sus capacidades técnicas y humanas, considerando la creciente exigencia de los mercados internacionales?
Creemos que es fundamental la cooperación público-privada en temas sanitarios. El Estado, a través del SAG, juega un rol fundamental, pero lo hace y debe hacerlo, permanentemente en diálogo con las organizaciones gremiales y con los productores, que son los principales usuarios y fiscalizados por el SAG, de cara a mantener el estatus sanitario que nuestro país tiene y el prestigio internacional de nuestro país.
Como ministra me he propuesto fortalecer los mecanismos de diálogo y de cooperación entre el sector público y el privado. En estas semanas hemos tenido relaciones de trabajo muy fructíferas con parte importante de los gremios del agro y todos ellos nos han planteado la necesidad de fortalecer estos mecanismos y que efectivamente acojan los planteamientos que hace el sector privado, que existan mesas permanentes de trabajo para abordar los principales problemas del agro en los cuales el SAG tenga un rol fiscalizador, como son los temas de fertilizantes, el control de la mosca de la fruta y otros. Mi compromiso ha sido fortalecer estos mecanismos de diálogo y de cooperación de cara al fortalecimiento al trabajo que el SAG realiza.
Creemos también que hay que generar distintas instancias de sinergia entre todos los entes de la cadena productiva: asociaciones gremiales, productores, academia, investigadores, instituciones, MINAGRI, entre otros, a través de la firma de convenios de cooperación/colaboración, apoyo en investigaciones, establecer mesas de trabajo, instancias de capacitación y comunicación, etc.
En este sentido, el hecho de que distintos participantes (por ejemplo, productores, exportadores, procesadores, etc.) del proceso productivo conozcan y entiendan las normativas fitosanitarias atingentes a sus actividades permite una mayor compresión de la importancia de mantener la condición fitosanitaria requerida por los productos agrícolas de exportación. Para ello es de gran importancia la colaboración público-privado, a fin de fortalecer las capacidades técnicas y humanas mediante las actividades ya señaladas.
Uno de los proyectos pendientes es el que busca sancionar con mayor severidad el contrabando y el ingreso irregular de frutas en zonas fronterizas, lo que representa un riesgo fitosanitario para la producción nacional y las exportaciones. ¿Cuál será su impulso a esta iniciativa y cómo se coordinará el ministerio con Aduanas y el SAG para reforzar la protección de nuestra fruticultura en las fronteras antes que el proyecto sea una realidad?
El ingreso ilegal de frutas y otras mercancías agropecuarias a través de pasos no habilitados constituye un riesgo fito y zoosanitario de alta criticidad, ya que puede introducir plagas y enfermedades que afectan directamente la producción agropecuaria nacional y la seguridad sanitaria, económica y ambiental de nuestro país. Hemos visto estos últimos años cómo se ha incrementado el contrabando y el ingreso ilegal, fundamentalmente por pasos no habilitados.
El SAG ha reforzado durante estos años su capacidad de control en redes viales, en ferias libres, en centros de distribución. Hemos instalado controles carreteros permanente post fronteras, de manera tal de poder interceptar lo que ingresa por estos pasos no habilitados.
En otras palabras, en los últimos años hemos desarrollado una estrategia nacional de control de ingreso ilegal de mercancías silvoagropecuarias, que incluye control en red vial, ferias libres y centros de distribución, la instalación de controles carreteros permanentes como la de Cuya en la Región de Arica y Parinacota, comunicación de riesgo y fortalecimiento institucional.
No obstante, debemos reforzar esta estrategia y lo estamos haciendo a través de dos mecanismos. Para tener herramientas legales más robustas, yo comprometí con el Senado indicaciones más robustas para la modificación legal del Código Penal que busca sancionar con mayor severidad el contrabando agropecuario, y que permitirá la persecución penal y dar carácter de delito a estas conductas. El otro mecanismo que estamos impulsando es la modificación de La Ley Orgánica del SAG y del Decreto de Protección Agrícola, para potenciar las facultades propias de la institución en el abordaje de este ilícito.
En paralelo, mantenemos una coordinación a través de una mesa de trabajo con Carabineros, PDI y el Ministerio Público, entre otras agencias, para asegurar un trabajo coordinado conjunto mientras avanza la tramitación legislativa.
7.- Cree que el SAG requiere más financiamiento para sus labores y sobre todo en matira de inspección, ¿cómo ve que esto se desarrollara esta temporada?
Durante nuestro Gobierno, el SAG ha visto fortalecidos en forma importante sus recursos, tanto a través de recursos directos en la ley de presupuestos para la contratación de personas y el fortalecimiento institucional, como a través de una apuesta estratégica que está haciendo el Ministerio de Agricultura vía el programa Chile Alimenta el Futuro, en conjunto con el BID, que va a destinar US$ 30 millones para fortalecer las capacidades del SAG en control de fronteras, laboratorios y a través de la creación de una unidad de inteligencia fito y zoo sanitaria.
El control del ingreso ilegal de mercancías agropecuarias demanda recursos incrementales específicos, tanto en dotación de personal especializado como en equipamiento para la fiscalización en terreno y el manejo seguro de los productos interceptados. La magnitud del riesgo sanitario justifica avanzar en un financiamiento estable y propio para este programa, de manera de sostener de forma continua los controles. Con este refuerzo, podremos mantener y ampliar la cobertura territorial y responder de manera más pertinente y oportuna a la creciente presión en nuestras fronteras y redes de distribución internas, protegiendo así la competitividad del sector agropecuario en los mercados internacionales.
8.- ¿Cómo espera aunar un agenta pública-privada, de modo que ambos sectores se fortalezcan y se genere un círculo virtuoso en la producción y exportación de frutas?
Si en la temporada 2023–2024 alcanzamos US$ 9.356 millones FOB en exportaciones, de los cuales US$ 7.043 millones correspondieron a fruta fresca, es gracias al trabajo conjunto público-privado. Ese es el espíritu de esta Agenda: ODEPA y los gremios levantan necesidades y coordinan; el SAG asegura la base sanitaria; SUBREI y ProChile impulsan nuevos acuerdos y la promoción; y nuestras 11 agregadurías agrícolas representan al Ministerio, facilitando las gestiones con autoridades y mercados clave.
En esta línea, y como lo he señalado, mi compromiso es seguir fortaleciendo estos espacios de cooperación y coordinación público-privados, de manera tal de avanzar en las metas que nos hemos trazado: cerrar negociaciones pendientes, abrir nuevos mercados, implementar los procesos en curso y fortalecer la promoción internacional de la fruta chilena. Con estas acciones aseguraremos que la fruticultura nacional mantenga su competitividad y continúe proyectándose como un referente mundial en calidad, trazabilidad y sustentabilidad.
