La mosca de la fruta es una de las preocupaciones fitosanitarias del Cono Sur. Los avances de un proyecto regional destinado a enfrentar esta plaga fueron presentados ante los ministros de Agricultura de la región, en una señal de que su control dejó de ser únicamente una tarea técnica para convertirse también en una prioridad productiva, comercial y política.
La presentación se realizó durante la LII Reunión Ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur, CAS, celebrada recientemente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En la instancia participó la presidenta del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, COSAVE, Edilene Cambraia Soares, quien en el segundo bloque de diálogo ministerial, COSAVE entregó una actualización sobre el desarrollo del Proyecto Regional sobre Mosca de la Fruta, iniciativa ejecutada conjuntamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.
De acuerdo con la información oficial, el proyecto busca proteger la producción frutícola y resguardar el estatus fitosanitario de los países integrantes del bloque. La presentación ante los ministros permitió elevar la discusión desde el ámbito estrictamente sanitario hacia su impacto sobre el comercio, la competitividad y la integración agrícola regional.
Su presentación ante el CAS confirma que la mosca de la fruta es considerada un desafío de alcance regional que requiere respuestas coordinadas.
La importancia de la iniciativa se explica porque las moscas de la fruta de la familia Tephritidae pueden afectar numerosas especies frutales y, al ser consideradas plagas cuarentenarias, provocar restricciones sobre la producción, movilización y exportación de fruta fresca.
Para los países exportadores, la presencia de un brote no solo implica desplegar trampas, muestreos y tratamientos. También puede obligar a delimitar áreas reglamentadas, aplicar medidas adicionales en los huertos y plantas procesadoras, modificar las condiciones de certificación o restringir temporalmente los despachos originados en determinados territorios.
COSAVE sostiene que la armonización regional de los procedimientos fitosanitarios permite uniformar criterios entre las organizaciones nacionales de protección vegetal y, al mismo tiempo, evitar que las medidas sanitarias sean utilizadas injustificadamente como obstáculos al comercio.
Por ello, contar con sistemas compatibles de vigilancia, diagnóstico, notificación y respuesta puede resultar determinante para actuar con rapidez frente a una detección y entregar garantías equivalentes a los mercados compradores.
Para Chile, el tema tiene una relevancia particular. El país está reconocido desde 1995 como territorio libre de moscas de la fruta de importancia económica y, según el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, es el único del continente americano que mantiene esa categoría.
Esta condición constituye una ventaja comparativa para la industria hortofrutícola, porque facilita el acceso de frutas y hortalizas frescas a mercados que aplican estrictas medidas cuarentenarias. El SAG es el organismo responsable de mantener dicho estatus mediante un sistema nacional de detección y campañas destinadas a impedir que la plaga se establezca permanentemente.
No obstante, estar reconocido como país libre no significa que Chile esté exento de incursiones. El ingreso clandestino de productos vegetales, el movimiento de fruta hospedera y el tránsito de personas y medios de transporte pueden generar detecciones localizadas, activando inmediatamente los planes de emergencia y erradicación.
Esta situación explica por qué la mosca de la fruta no debe analizarse solamente como una plaga agrícola. Su presencia puede modificar la operación logística, la planificación de las cosechas y la disponibilidad de fruta exportable desde determinadas zonas.
La movilidad de personas, cargas y productos agrícolas hace que la prevención no pueda depender exclusivamente de las acciones de un solo país. Una estrategia regional permite compartir alertas, homologar métodos de diagnóstico, fortalecer los controles fronterizos y coordinar respuestas frente a situaciones que pueden extenderse entre territorios vecinos.
COSAVE funciona precisamente como un espacio intergubernamental de coordinación fitosanitaria. Entre sus integrantes se encuentran los organismos oficiales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El proyecto coordinado con IICA podría contribuir a fortalecer las capacidades de estos servicios y generar procedimientos comunes para la vigilancia y contención de la mosca de la fruta. No obstante, será necesario conocer el documento técnico de la iniciativa para determinar cuáles serán sus componentes, metas e instrumentos concretos.
Para Chile, participar en este esfuerzo representa una oportunidad para aportar la experiencia acumulada por el SAG en detección temprana, delimitación de brotes y erradicación, pero también para reforzar la vigilancia frente a una presión regional creciente.
