Un nuevo frente de discusión fiscal y económica se ha abierto en el país tras la presentación de un proyecto en el Congreso de la República que busca modificar el alcance de los incentivos tributarios en el sector agrario. La propuesta plantea excluir de los beneficios de la Ley 32434 a las grandes empresas cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
El debate se intensificó tras los anuncios del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respecto a la revisión de exoneraciones e incentivos fiscales vigentes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cartera liderada por Elmer Cuba.
El núcleo de la iniciativa se centra en el Impuesto a la Renta (IR). Bajo el marco actual de la Ley 32434, las empresas acogidas tributan con una tasa preferencial del 15% (prevista para el período 2026–2035), frente al 29,5% que rige para el régimen general corporativo.
De acuerdo con las estimaciones técnicas incluidas en el proyecto:
La propuesta se sustenta en que las medidas de promoción deben focalizarse en los pequeños y medianos productores agrarios que requieren impulso para tecnificarse y expandirse, en lugar de aplicarse indiscriminadamente a corporaciones con sólida posición financiera.
Como antecedente, el documento cita cifras del MEF sobre la anterior Ley 31110, donde 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios, evidenciando una marcada concentración del gasto tributario estatal.
En contraste, representantes y defensores del sector agroexportador sostienen que la estabilidad jurídica y tributaria ha sido la piedra angular del despegue agrícola peruano. Advierten que:
Las operaciones agrícolas demandan inversiones cuantiosas y de retorno a largo plazo (obras de irrigación, tecnificación, infraestructura de empaque y certificaciones internacionales).
Modificar las reglas de juego impositivas podría desincentivar nuevas inversiones, comprometer la rentabilidad de futuros proyectos y restar competitividad a Perú frente a otros exportadores agrícolas de la región.
El debate legislativo coincide con el momento de mayor madurez del agro peruano. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas del país prácticamente se triplicaron, escalando desde US$5.107 millones hasta los US$14.522 millones, impulsadas por el auge de envíos no tradicionales (frutas y hortalizas de alto valor comercial) que sumaron US$12.610 millones.
Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre la modificación del régimen. El avance de la iniciativa dependerá de la evaluación técnica que el MEF tiene a su cargo y del consenso que se construya en las comisiones parlamentarias, en una discusión clave para definir la política tributaria y el modelo productivo del campo peruano en los próximos años.
