Con un aplauso y de pie fue vitoreada por gran parte de los convencionales de la comisión de Medio ambiente y modelo económico la aprobación en general de la norma que ‘Reconoce el derecho de la soberanía alimentaria’, iniciativa N° 113, presentada por los convencionales Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), Gloria Alvarado (Movimientos Sociales Constituyentes), Ivanna Olivares (Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular), entre otros.
Se trata de una propuesta que el convencional Bernardo Fontaine (Independientes-RN-Evópoli) ha definido como ‘un pretexto con disfraz de norma ambiental, que busca que comamos más sano, que se conserve la vida rural y volvamos a las raíces, todo con la finalidad de establecer un monopolio estatal de la semilla, los alimentos y la crianza de animales… y finalmente, un Estado que nos diga qué comer’.
En concreto, la norma señala que ‘la soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno’, y define ‘actores esenciales’ como campesinos, pescadores, recolectores artesanales, crianceros, apicultores, pueblos indígenas y ‘otras personas y comunidades que trabajan en la producción y recolección artesanal y tradicional de alimentos’.
Dichos actores esenciales, según el documento, tendrán ‘derecho a acceder y hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar; al libre uso, manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos, a los recursos económicos y a la biodiversidad. Además, el Estado deberá desarrollar normativas y políticas públicas destinadas a garantizar el acceso preferente de los actores esenciales, y con prioridad a mujeres y jóvenes rurales, a estos bienes.
La norma agrega que ‘la tierra, el agua y el mar cumplen una función social y ecológica irremplazable que debe ser protegida por el Estado y no pueden quedar al arbitrio del mercado’ y que ‘el Estado adoptará las medidas necesarias para regular los precios de los alimentos a modo de permitir un ingreso digno a las y los productores, y una adecuada disponibilidad y acceso equitativo a alimentos saludables para toda la población’.
Fontaine asegura que con todo lo anterior, se busca que el Estado defina quién compra tierras y quién no. ‘En el fondo, esto es una estatización de la agricultura. Hay una idea de que el Estado tome el control de la producción agrícola, porque en la fundamentación del texto se habla de que en Chile se produjo una reforma agraria inconclusa, o sea, este es el camino de rehacer una reforma agraria’, dice y añade, ‘esta norma, además de darle al Estado un poder gigante, es volver a la edad de la piedra, ya que desprecia la libertad para elegir el alimento que uno quiere. Es una estatización donde el Estado va a terminar definiendo qué comemos’.
Pero no es la única iniciativa debatida y votada en general sobre el tema. Además, está la norma N° 388, que establece ‘el derecho a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria de los pueblos’, patrocinada por Fernando Tirado (escaños reservados) y Roberto Celedón (Chile Digno), entre otros, que fue aprobada; mientras la N° 365, que ‘exige al Estado velar por la seguridad alimentaria y satisfacción de las necesidades alimentarias para el consumo humano’ y que fuera presentada por Roberto Vega (Independientes-RN-Evópoli) y otros, fue rechazada.
También la Iniciativa Popular Indígena N° 34 aborda el tema y propone el ‘derecho de soberanía alimentaria como derivación del derecho a la libre determinación’. Eso sí, esta todavía no ha sido votada.
