Bajo la moderación de Patricia Vildósola, editora de Revista del Campo de El Mercurio, el panel reunió a las principales voces del agro nacional para proyectar la fruticultura hacia el año 2040. En una discusión que abarcó desde el manejo intrapredial hasta las grandes políticas de Estado, los panelistas coincidieron en que el país enfrenta una competencia internacional sin precedentes, escenario que obliga a modernizar la gestión, unificar la calidad de los envíos e impulsar acuerdos transversales de largo plazo.
Una de las posturas más innovadoras del encuentro la lideró Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, quien planteó una reestructuración comercial profunda orientada a reducir la dependencia de los destinos tradicionales. Marambio proyectó que al 2040 la industria debe disminuir entre un 15% y un 20% de participación de mercado en sus mercados actuales para reasignar ese volumen a destinos emergentes.
En esa línea, advirtió que India capta apenas un 1,5% de los envíos nacionales, el Sudeste Asiático un 0,4% y África un 0%, fijando la meta de que estas zonas alcancen entre un 15% y un 20%, equiparándose a regiones consolidadas como Europa o América Latina.
Asimismo, subrayó las falencias de conectividad marítima, apuntando que el trayecto hacia India o el Sudeste Asiático toma cerca de 25 días por falta de servicios directos, frente a los 21 o 23 días a China.
El timonel de Frutas de Chile puso especial énfasis en la urgencia de unificar los parámetros cualitativos de la fruta nacional. «Hoy día no hay perdón para lo que no es de la mejor calidad», aseveró, advirtiendo que la rigidez de la legislación local ha obstaculizado acuerdos sectoriales para fijar estándares mínimos obligatorios de exportación, a diferencia de competidores directos como Perú, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda.
Consultado sobre el aprendizaje en cerezas tras los intentos de ordenamiento de la temporada anterior, adelantó que se avanza en una certificación voluntaria que pasará a ser vinculante una vez suscrita, complementada con parámetros mínimos ya redactados y material técnico para productores.
En el plano estratégico, Marambio también instó a construir una narrativa que encante a la ciudadanía y a cambiar el paradigma sectorial: «Lo privado es más público que lo que era antes, llamando al rubro a invertir colectivamente en soluciones propias a semejanza de lo que hacen otros gremios productivos.
Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), centró su intervención en la urgencia de recuperar la competitividad y en el rol del mejoramiento genético para asegurar fruta con óptimo aspecto, sabor y vida de poscosecha.
Walker enfatizó que la rentabilidad pasa por elevar el potencial productivo por hectárea para diluir los costos, pero alertó sobre el encarecimiento estructural del país debido a reformas laborales, el alza salarial y los altos costos energéticos e insumos, en contraste con ventajas impositivas e inversiones que exhiben vecinos como Perú y Argentina.
Para enfrentar este panorama, el líder de la SNA convocó a articular «las cuatro patas de la mesa» —el mundo político, los empresarios, los trabajadores y la academia— con el fin de desterrar prejuicios sobre el extractivismo y simplificar trabas como la permisología. También defendió la sustentabilidad como la principal credencial exterior, destacando que el país emite apenas el 0,23% global y captura sobre el 70% de sus emisiones, lo que fundamenta el sello de «Chile potencia ecoalimentaria».
A su turno, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, relevó las transformaciones urgentes que demandan los agricultores en el terreno social y operativo. Catán remarcó que se requiere reconocer el aporte del campo, incentivar a las nuevas generaciones a permanecer en la actividad rural y brindar condiciones efectivas de seguridad, agua y certezas sanitarias.
El dirigente de los productores de fruta fue crítico respecto de la falta de sintonía estatal, apuntando a la desconexión en trámites públicos como los reavalúos fiscales del Servicio de Impuestos Internos que gravan predios productivos tomando como referencia parcelaciones de agrado. Asimismo, calificó el esquema de Indap como un modelo que requiere evolución para integrar asociatividad y apoyo real al pequeño y mediano agricultor, instando a la banca e inversionistas institucionales a entender los ciclos del agro con instrumentos de financiamiento de largo plazo.
Desde la perspectiva de la gestión de inversiones y campos, Ricardo Ariztía, gerente general de ATF Gestión, propuso una ley marco transversal que trascienda los gobiernos de turno y resguarde los pilares del sector. Ariztía alertó sobre el grave impacto de la delincuencia rural, precisando que los robos generan pérdidas por US$ 1,5 millones diarios —unos US$ 560 millones al año, cifra comparable al costo del embalse Punilla—, por lo que urgió a contar con una legislación punitiva específica tal como ocurrió en el sector maderero.
En el ámbito interno, recalcó que los productores deben asumir un cambio cultural hacia la productividad basada en datos, registros y tecnologías de información, además de mostrar disposición activa para cofinanciar obras de infraestructura hídrica concesionada y reforzar entidades claves como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante amenazas como la mosca de la fruta.
Al cierre de la sesión, los expositores abordaron la irrupción de la inteligencia artificial, coincidiendo en que se trata de una herramienta de gestión para la toma de decisiones, mapeo predial y lectura de mercados. Sobre este punto, Iván Marambio remarcó que el principal desafío inmediato no radica en la alta dirección, sino en lograr que los operarios y trabajadores de campo adopten la tecnología de forma autónoma para potenciar sus labores cotidianas.
